El segundo juicio al falso abogado Marcelo D’Alessio será por 10 hechos de asociación ilícita, extorsión y lavado

El falso abogado Marcelo D’Alessio, preso desde 2019 en Ezeiza, quedó en camino de enfrentar un segundo juicio oral por diez hechos de extorsión y lavado de dinero cometidos como parte de una asociación ilícita, tras ser condenado en 2021 a cuatro años de cárcel.

D’Alessio está preso desde 2019 en el penal de Ezeiza y desde allí siguió por videoconferencia un primer juicio oral en su contra, por intento de extorsión a un empresario, Daniel Traficante.

El falso abogado resultó condenado a cuatro años de cárcel; ahora aguarda el sorteo del Tribunal Oral que estará a cargo del que será el segundo juicio que deberá enfrentar, en este caso por nueve hechos de extorsión y una acusación de lavado de dinero. El proceso también tendrá lugar en los Tribunales Federales de Retiro.

Los delitos por los cuales el juez federal Julián Ercolini lo envió a juicio con otros procesados, en una primera etapa, se investigaron en la jurisdicción de la Justicia federal de Dolores.

El entonces juez del caso en esa localidad, Alejo Ramos Padilla, detuvo al falso abogado y dictó los procesamientos en la causa, aunque el expediente luego quedó en manos del juez federal interino de Dolores Martín Bava ya que el propio Ramos Padilla fue designado al frente del juzgado federal con competencia electoral 1 de La Plata.

La causa, finalmente, pasó a los tribunales federales de Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación, el 22 de diciembre.

En base al requerimiento fiscal hecho por Juan Pablo Curi en la ciudad de Dolores, Ercolini envió a juicio oral a D’Alessio y a otros siete procesados, entre ellos el suspendido fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, y el excomisario bonaerense Norberto Degastaldi, por nueve casos de asociación ilícita y extorsión.

El décimo caso que se les imputa es lavado y está vinculado a la existencia del grupo de WhatsApp «Buenos Aires», hallado en el teléfono celular de D’Alessio, a través del cual un grupo de personas coordinaba acciones para colocar fondos de origen ilícito en cuentas off-shore.

Todos están acusados de haber formado parte de una asociación ilícita desde 2016 a febrero de 2019 que «planificó» y, en algunos casos, «ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación».

El primer caso corresponde a los hechos denunciados por el empresario Pedro Etchebest, cuya presentación pública dio curso a la investigación.

D’Alessio «habría exigido ilegítimamente a Pedro Etchebest, en nombre del fiscal federal Carlos Ernesto Stornelli, la suma de 300.000 dólares a cambio de no quedar involucrado en la causa 9608/2018, conocida públicamente como ‘Cuadernos'», resume la acusación fiscal.

Para ello, junto a otros acusados, D’Alessio recurrió a «intimidaciones, amenazas, simulaciones y referencias a contactos y relaciones con magistrados del Ministerio Público Fiscal, que importaron una recopilación de información previa respecto del ofendido y que condujeron a este último a hacer entrega de la suma total de US$ 14.700 en dos locales gastronómicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

El segundo caso es el de Gonzalo Brusa Dovat, exdirector de la empresa PDVSA en la Argentina, «a quien, mediante acciones de coacción, que importaron tareas de recolección de información previa a su respecto, se lo obligó a prestar testimonio en diversas entrevistas periodísticas y declaración testimonial en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli» en 2019.

El tercer caso corresponde a Pablo Erasmo Barreiro, quien sufrió «maniobras extorsivas» en octubre de 2018, también por el caso «Cuadernos» y en relación a una posible orden de detención en su contra y a una «carpeta grande» con «cosas» que lo vinculaban al caso, por el cual en ese momento el fallecido juez federal Claudio Bonadio había ordenado detener a su padre.

El caso 4 es el de Diego Vestillero, quien fue blanco de «acciones intimidatorias y extorsivas» en julio de 2016, además de «exigencias de dinero y amenazas con publicaciones en medios de prensa», para obligarlo a » entregar documentación de contenedores relacionados con la firma Fox Cargo S.A., de la que aquél era directivo».

El quinto caso tiene como víctima al abogado Juan Manuel Ubeira, contra quien D’Alessio, «en el marco de la asociación ilícita», habría planificado «una cámara oculta con el propósito de vincularlo, a través de algún tipo de ardid y una metodología similar a la del agente provocador, en una posible maniobra delictiva que pudiera ser encuadrada como «extorsión en grado de tentativa a un fiscal federal».

El sexto hecho elevado a juicio es el que tuvo como centro a Jorge Christian Castañón Destefano.

«Se reprochó a Marcelo Sebastián D’Alessio haber realizado, en el marco de la asociación ilícita y frente a un supuesto requerimiento efectuado por (el fiscal) Carlos Stornelli, tareas de recopilación de información respecto de Jorge Christian Castañón, de nacionalidad peruana y presunto piloto de la aerolínea United Express, empresa subsidiaria y de cabotaje en los Estados Unidos de United Airlines».

El llamado ‘Caso Jaitt’ es otro de los enviados a etapa de juicio, por el cual D’Alessio está acusado de «haber desarrollado, en el marco de la asociación ilícita, tareas de recolección de información -identificadas por la Comisión Provincial por la Memoria como «contrainteligencia»-, con relación a Natacha Jaitt y Mirtha Legrand, así como a los señores Eduardo Miragaya, Ignacio Viale, Raúl Martins, Gustavo Vera y Gabriel Anello».

«Dichas tareas tuvieron lugar en el transcurso del año 2018 y se habrían desarrollado como consecuencia de los dichos vertidos por Natacha Jaitt en el programa televisivo conducido por Mirtha Legrand en marzo de 2018», agrega la imputación.

El falso abogado también será juzgado por el «Caso Fantino. Animales Sueltos»: en esa acusación, se le reprocha haber hecho «tareas de investigación y recolección de información de modo ilegítimo con relación a los integrantes y/o panelistas del programa televisivo ‘Animales Sueltos’ que se emite por el canal América y que es conducido por el periodista Alejandro Fantino», según consta en la elevación a juicio parcial firmada por Ercolini.

El noveno hecho a juzgarse será uno que también involucra al suspendido fiscal Bidone, ya condenado a 3 años y 8 meses de cárcel en el mismo juicio que se le siguió el año pasado a D’Alessio por las acciones llevadas a cabo en perjuicio del empresario Traficante.

«Se imputa a Marcelo Sebastián D’Alessio, haber desarrollado, con la participación de Juan Ignacio Bidone, actividades de investigación y recolección de información de modo ilegítimo tanto en territorio argentino como uruguayo con relación a ciertas empresas y personas», consta en la resolución.

Entre ellos estuvieron «Facundo Trías, Martin Ortiz y Manuel José Londoño Hernández. Tales maniobras tuvieron lugar entre octubre de 2016 y diciembre de 2018», detalla la imputación.

El último hecho mencionado en la elevación a juicio corresponde a maniobras de presunto lavado de activos por parte de D’Alessio y otros implicados, quienes compartían un grupo en el sistema de mensajería WhatsApp llamado «Buenos Aires».

En ese punto, todos están acusados de conformar una «organización criminal dedicada a negociar, coordinar y concertar operaciones financieras internacionales varias veces millonarias en dólares estadounidenses o euros, que involucraban fondos de origen ilícito».

La elevación a juicio se resolvió de manera parcial ya que todavía siguen bajo investigación otros hechos y resta definir la situación de otros imputados, entre ellos el fiscal Stornelli.