El Senado aprobó el proyecto presentado por el Ejecutivo, que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta.
Sesión pública especial remota del Senado de la Nación en la que se aprobo el Proyecto de Cannabis para el uso industrial y medicinal, en el recinto del Senado, el 15 de Julio de 2021, en Buenos Aires, Argentina. (Fotos: Comunicación Senado)
Además, el legislador planteó que “existe un creciente interés por las nuevas genéticas” y describió que en 2016 había 320 variedades de semillas, y que entre 2017 y 2019, “aparecieron 470 nuevas solicitudes de una nueva genética. Lo que quiere decir que detrás de esta actividad científica y tecnológica que incorpora nuevas genéticas para producir con mejor calidad el producto”.
Durante la presentación del proyecto, Rodríguez Saá analizó que “la cadena productiva no se limita únicamente a la producción primaria, también la genética aplicada, la elaboración y mantenimiento inteligente de certificación de trazabilidad y calidad de procesos, y el equipamiento de alta tecnología respecto de los cultivos indoor” e hizo referencia a los sensores para riego, gestión de nutrientes, control de humedad, temperatura y luminaria, entre otras variables.
“Estamos ante una actividad intensiva y creadora”, resumió el senador, quien también sostuvo que en Comisiones se escuchó a decenas de especialistas y referentes de asociaciones que abordan desde hace años a la planta con fines medicinales. En ese punto, mencionó a Mamá Cultiva y con to que las madres cultivan para conseguir el remedio para sus hijos: “esto eslo que estamos hoy legalizando. Para que ese niño, esa persona enferma pueda acceder en forma legal al remedio o al alivio a su enfermedad. Esa clandestinidad genera en la sociedad nichos de corrupción y complicidades que no son buenos para la sociedad”.
El proyecto
La iniciativa promete convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne. El marco normativo busca «desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad».
El primer objetivo del proyecto consiste en «establecer un marco legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica».
El segundo objetivo, según se detalla, «consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos» y se aclara que «si bien el cáñamo no es un estupefaciente en los términos de la ley penal por no generar efectos psicoactivos, resulta necesario regular y controlar la actividad para evitar que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis psicoactivo».
La norma estipula la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) que tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.
En el otorgamiento de las licencias, la ARICCAME contemplará «el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos productores agrícolas».
El proyecto también contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las reglamentaciones: desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización.
El tratamiento
A su turno, el senador radical jujeño Mario Fiad indicó que “es una iniciativa jujeña que tiene impacto en las fuentes de trabajo y las economías regionales. Se trata de procesos en los que hay que cuidar la calidad para aportar a los procesos de industria farmacéutica”.
En cambio, su compañera de bancada, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, justificó su voto en contra argumentando que el Estado nacional “promoverá la producción de la industria de la marihuana sin control de las provincias”. “Este proyecto, al ser de orden público, viola las facultades provinciales que tienen que ver con la producción agropecuaria de manera masiva”, puntualizó.
El oficialista chubutense, Alfredo Luenzo, no solo defendió el proyecto, sino que postuló a favor de la despenalización de la marihuana como uso recreativo. “Necesitamos un estado que comprenda que la planta de cannabis por sí sola no es un problema. Con el prohibicionismo protegemos al narcotráfico. Veamos de manera empírica cuál es el resultado de la despenalización”, destacó.
En cambio, el rionegrino Alberto Weretilneck, uno de los aliados del oficialismo, anunció su voto en contra y condenó “cuando naturalizamos y le decimos a la sociedad que la marihuana es buena”. “Quienes sabemos lo que significa el impacto de la marihuana en las personas hablamos de que es algo muy delicado”, sentenció.
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