El senador libertario Juan Carlos Pagotto intentó que se aprobara la legalización de la venta de niños

A casi un mes de la desaparición del niño Loan Danilo Peña en Corrientes, de la ineficacia demostrada de los mecanismos estatales de búsqueda así como el desmantelamiento de los que abordaban trata de personas, se suma la torpeza de algunos referentes libertarios. Hace unos días, una polémica estalló en el Senado mientras se discutía un proyecto de ley para aumentar las penas por el delito de sustracción y/o comercialización de menores de edad. Al momento de tomar la palabra, el senador riojano Juan Carlos Pagotto de La Libertad Avanza, leyó un texto que no se correspondía con el aprobado por dictamen con unanimidad. Allí intentó que se votara una excepción a la regla general en los casos en que se trate de familias en “estado de necesidad”.

La maniobra fue denunciada por otros senadores en el recinto: al momento de leer el proyecto aprobado por mayoría, le sumó unas modificaciones de su autoría que no habían sido discutidas, con el objetivo de aprobar la venta de niños. Cuando repasó el expediente, añadió la siguiente frase: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.

La lectura, entonces, fue interrumpida por la senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria (UP), que le espetó: “Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen”. Di Tullio se refería a uno de los planteos propuestos por Pagotto al exponer las modificaciones al proyecto.

Cabe mencionar que, con anterioridad, el libertario había sugerido que “hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico”. Asimismo que “si nosotros los sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”. Por lo tanto, para el senador, “es una de las realidades que tenemos, y lógicamente, toda excepción a la ley es odiosa, pero lo tenemos que tener en cuenta”.

Por ello, al advertir que, tras la votación, el senador había incluido una excepción no discutida en el dictamen, Di Tullio remarcó: “Es raro el tratamiento que le ha hecho usted, como presidente, a un dictamen acordado para esta sesión, y dejarnos sobre las bancas modificaciones que supone usted que debemos votar pero nadie sabe ni discutió”. Con motivo de la polémica, aún cuando Pagotto respondió que el dictamen de comisión es “una guía” y que la discusión se da en el pleno, el senador José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, planteó una moción para que el texto regrese a comisión para una revisión del articulado, lo que fue aprobado por lo que será, finalmente, discutido el próximo 10 de julio.

Los principales puntos del proyecto de ley

Según publicó Pagina 12, el proyecto de ley fue presentado por los senadores radicales Carolina Losada y Eduardo Horacio Galaretto y tiene como finalidad tipificar como delito la compra y venta de niños, niñas y adolescentes. Ya había sido presentado en 2022 pero había perdido estado parlamentario.

El proyecto incluye, entre otros puntos, la modificación del artículo 139 bis del Código Penal sobre la venta y compra de menores de edad, cuya pena mínima es de tres años.

En este sentido, se busca un aumento de las penas, de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

Asimismo, propone la incorporación en el artículo 139 ter, la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos vinculados a la supresión y suposición del estado civil y la identidad, siempre que se trate de casos  en el que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Otro de los puntos que propone legislar, es la pena de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo que la condena, al funcionario público o profesional que resulte involucrado en el delito.

Cabe señalar que el texto de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, a excepción de aquellos casos “donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en este Capítulo”. El argumento de penalistas y especialistas sería que, de esta manera, se facilita o contribuye en la búsqueda de menores perdidos, que según Losada contabilizan 1777 en el país en la actualidad.

Si no es legal, es apropiación

En las redes sociales, la organización “Militamos adopción” publicó que «Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”. Asimismo, según trascendió, al advertir la maniobra, trasladaron su preocupación a diferentes senadores.

Cabe señalar que la postura de Pagotto se condice con lo expresado por el presidente Javier Milei en 2022, cuando aún era diputado nacional. En aquella oportunidad, luego de haberse manifestado a favor de la venta de órganos, en declaraciones radiales, había consignado que la discusión sobre la venta y compra de menores de edad era todavía “un tema muy abstracto para el estadío” en el que se encontraba la sociedad argentina.