El tirante tratamiento de la Ley de Humedales en el Congreso complica reunir número para su aprobación

El proyecto de ley de humedales sigue generando grandes diferencias entre los bloques que integran la Cámara de Diputados y una especial preocupación en las provincias norteñas que tienen desarrollos mineros en marcha. El Frente de Todos, quiere firmar dictamen este jueves, pero en Juntos por el Cambio amplió la convocatoria a representantes de distintos sectores que este martes plantearon reparos a varios puntos del articulado del proyecto que impulsa el oficialismo. 

La comisión de Agricultura que preside el radical Ricardo Buryaile se despegó de Presupuesto y Recursos Naturales que vienen debatiendo la iniciativa e invitó a una veintena de expertos del INTA, productores agropecuarios y mineros, especialistas en derecho ambiental, técnicos de la Mesa de Enlace, representantes de las provincias afectadas y habitantes de las islas. 

Al comienzo de la reunión, Buryaile aclaro que “no hay ningún tipo de maniobra dilatoria con respecto al tratamiento de la iniciativa. Cuando la comisión era presidida por el Frente de Todos nunca se trató. Tenían mayorías en Diputados y en Senadores y no aprobaron el proyecto”.  E insistió en que “hoy con una realidad distinta, queremos que esta reunión informativa, ampliada por quienes son parte de las organizaciones ambientales, puedan exponer en el plenario”.  

En tanto, Juan José Naiff, investigador del CONICET, señaló que “la realidad de la Argentina en cuanto a necesidad es muy diferente. Hay lugares donde es muy necesaria la ley y donde debieran generarse leyes a nivel provincial, pero otra cosa es extender la ley a toda la Nación, siendo que los humedales son un objeto polifacético diferente de lo que son los bosques o los lagos. Y  son muy elásticos, con variaciones de un 500 % entre períodos de aguas altas y aguas bajas. Las salinas de Jujuy son una cosa, los humedales de la Patagonia son otra, las turberas son otra, el Iberá es otra, el Paraná es otra, y tienen diferente forma de funcionamiento”.  

En tanto, Jorge Adámol, profesor de Ecología en la Facultad de Ciencias. Exactas y Naturales UBA, Investigador CONICET e INTA explicó que “los incendios tienen conexión con los humedales pero son cosas diferentes. Una ley no va a resolver la emergencia de los incendios. Las mismas áreas que hoy se queman muy pocos años atrás se inundaron muy fuertemente, y eso no es raro, porque los ambientes de humedales están sometidos a fluctuaciones muy fuertes. Por eso hay que tener planes de contingencia, en lugar de salir corriendo a buscar aviones hidrantes en un momento o botes en otro”. 

Por su parte, Noel Breard, senador provincial de la Provincia de Corrientes y miembro informante de un proyecto del Parlamento del Norte Grande, afirmó: “Nosotros vamos por la positiva. Decimos que Ley de Humedales sí, pero tenemos observaciones. No venimos a pedir sugerencias sino a hacer advertencias constitucionales y de derechos de las provincias”. 

Por otro lado, los gobernadores pidieron “una ley razonable” a través de un documento. Y alertaron sobre una posible inconstitucionalidad de la norma por vulnerar autonomías de los estados subnacionales.

El mandatario salteño, Gustavo Sáenz, manifestó desde Washington: “Entendemos que no hay una definición precisa y clara de que se considera como humedales, lo que causa desde ya, inseguridad jurídica”.  

Sáenz compartió panel con Gerardo Morales (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca) en Estados Unidos en la gira del Norte Grande con el ministro del interior Eduardo “Wado” de Pedro. 

En ese marco, Jalil invitó a la Comisión que está discutiendo la ley a que conozcan, porque “no se puede legislar desde el desconocimiento”, propuesta que apoyó Morales, quien advirtió que la norma debería contemplar presupuestos mínimos “pero van más allá y avanzan sobre la soberanía e independencia de las provincias en un país que es federal”. 

Así las cosas, el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar el jueves en el dictamen de un proyecto unificado que asegure la protección y el uso racional de los humedales. Si bien la ley es pedida desde hace 10 años por agrupaciones ambientalistas, los intereses privados y públicos que tienen distintas provincias marcan que el consenso para que llegue al recinto está difícil de alcanzar.