Elección popular de jueces en México: las luces y sombras que dejó un proceso inédito

La respuesta militar rusa a los actos terroristas del gobierno de Volodímir Zelenski contra población civil en Rusia fue considerado venganza por parte de las corporaciones mediáticas y aquellos que se nutren de sus narrativas. En  el tema de esta nota los sectores de oposición llaman venganza de Andrés Manuel López Obrador contra el sistema judicial la elección democrática ciudadana de los impartidores de justicia.

Escuchando el programa de análisis y comentarios Masiosare, en los canales 11 y 22, un televidente se podía enterar que Heberto Castillo quien por primera vez propuso la elección democrática de los impartidores de justicia en los años setenta. Castillo fue académico, inventor y político, ganador del premio Belisario Domínguez. Su nombre está en el Muro de Honor del Senado mexicano,

Esa idea fue recogida décadas después por Andrés Manuel López Obrador entre sus ofertas de campaña en 2018. Y sólo pudo concretarse bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, después que la mayoría calificada en el Congreso aprobara la reforma judicial en 2024.  Avanzar en esa reforma ha sido una carrera de obstáculos que miles de personas lograron saltar en foros académicos, discusiones políticas, debates parlamentarios, y en confrontaciones diplomáticas con la Embajada de Estados Unidos en México, cuando fungía de Embajador Ken Salazar.

La batería de argumentos de quienes nacional e internacionalmente se oponían eran académicos y geopolíticos. Las acciones fueron marchas callejeras y una violenta incursión de los empleados del poder judicial en el Senado el día en que se votaría la reforma judicial.

Hoy ya pocos discuten el diagnóstico sobre la lentitud, corrupción y   nepotismo que carcomen al sistema judicial en funciones hasta el 1 de septiembre de 2025.

Los magistrados de la Corte Suprema tienen sueldos y prestaciones varias veces superiores a los que recibe quien ejerce la presidencia de la República, violando la Constitución.

El 50% de los empleados del poder judicial son familiares de los magistrados y jueces, violando expresas normas legales. Magistrados y jueces de circuito practicaban los “sabadazos”, liberando personas acusadas de ser parte del crimen organizado. Magistrados y jueces de circuito otorgaban amparos a delincuentes tributarios para facilitarles continuar incumpliendo sus millonarias obligaciones con el Estado.

Teniendo como núcleo central al sistema judicial, se había construido una casta de depredadores de la paz, la seguridad, la obligación tributaria, cultores del ilegal nepotismo, políticos, y” comentócratas” con poca audiencia ciudadana. Una casta de la antidemocracia, isla de opacidad en un Estado cuya sociedad demanda transparencia, equidad y libertad sustantivas.

El 1 de junio no ha culminado este proceso de democratización y adecentamiento del poder judicial. Sólo ha tenido un momento importante. Ahora continúa la lucha por defender su legitimidad. Al respecto hay dirigentes políticos y comentaristas que argumentan que la escasa participación ciudadana deslegitima el proceso y a los  impartidores de justicia electos.

Parecen olvidar que el número de participantes en las elecciones del 1 de junio supera a los que votaron por el PRI o por el PAN en 2024. Con la lógica de la oposición política y mediática, deberían renunciar los parlamentarios electos por los partidos de oposición en el 2024 porque son ilegítimos. Como decía el ilustre General De Gaulle: “La inteligencia humana tiene límites, la estupidez no”.

Sin embargo, no pueden caer en la autocomplacencia quienes favorecen la continuidad de la transformación pacífica de México y sus instituciones. La escasa asistencia a votar no sólo muestra la complejidad del proceso no desentrañada pedagógicamente por el INE ni por los partidarios de la reforma judicial, también puede mostrar exceso de confianza de quienes lideran la Cuarta Transformación a nivel territorial o grietas en la hegemonía que la Cuarta Transformación construye y retrocesos en la batalla cultural.

Un proceso de reflexión autocrítica se debe hacer en el bloque hegemónico en México. Como parte de esa reflexión práctica se impone que los magistrados y jueces electos renuncien a los insultantes privilegios de los que gozan los que se van, que sus fallos judiciales muestren en la práctica que son una ruptura con la casta que deja sus puestos el 1 de septiembre.

Es central que desde la presidencia de la república se intensifique una campaña de comunicación que internalice en la población lo trascendental que es en la vida cotidiana de todos tener una justicia separada del poder criminal, económico, político, a nivel nacional e internacional.

La justicia es un valor. La administración de justicia es una función. Se ha iniciado la transformación de la función del Estado. El desafío es que el valor y la función se fundan para tener un verdadero estado democrático de derecho, que dejen de reflejar la opinión mayoritaria de la población las caricaturas que muestran que a lo que más temen los mexicanos es a un policía y a un juez. De este modo, México no sólo será uno de los líderes mundiales en constitucionalismo social, como lo fue con la carta magna de 1917, sino vanguardia mundial en la democratización y adecentamiento del sistema judicial.

Y dejarán de tener validez las palabras del genial Juan Rulfo en su excelsa novela Pedro Páramo: “La justicia no es más que una palabra, un sonido vacío”.