Hay un ajuste que recorre silencioso distintos rincones del país. Es el que afecta a la infraestructura en salud pública: al menos 13 hospitales debían estar ya inaugurados y funcionando, pero fueron frenados cuando Cambiemos asumió el gobierno. Entre ellos, un hospital de niños en Catamarca, otros de alta complejidad en el Conurbano, y lo que iban a ser flamantes centros destinados a expandir el Plan Nacional de Medicina Nuclear.
A fines de 2013 se firmó el contrato de ejecución de obra de ampliación y refacción del Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, de Catamarca, con la empresa Huasi SRL, para sumar 3350 m2 a ese centro de salud. Comenzó a desarrollarse poco después y superaba el 95% de ejecución cuando a fines de 2015 llegó el macrismo al gobierno. La obra se frenó. A mitad de 2016, el presidente Mauricio Macri visitó la provincia y prometió: «Nos hemos comprometido a terminarlo antes de fin de año, porque este es el hospital de niños de referencia de esta provincia, el único, y necesitamos que tenga más capacidad». Todo siguió igual. En la última reunión de Macri con la gobernadora Lucía Corpacci, en Termas de Río Hondo, el gobierno nacional volvió a comprometerse a finalizar los trabajos. Aunque anticipó que habrá demoras.
«Hay temor de que en esta época de ajuste la obra caiga en la volteada. Pero no es una suma que vaya a descompensar el Presupuesto. Son 18 millones de pesos que se le adeudan a la empresa por trabajos ya hechos, y otros 10 millones que quedan por ejecutar», resaltó a Tiempo el presidente de la Cámara de la Construcción provincial, Julio Córdoba. «Hoy es una inversión improductiva, con muchos agravantes, porque la Provincia compró equipamiento al que se le está venciendo la garantía, porque todavía no se usó», advirtió.
El paso del tiempo, con devaluación e inflación de por medio, también trajo el aumento de los costos, al ser un rubro con numerosos insumos dolarizados. El otro apremio que sufre la comunidad hospitalaria es la época del año: con espacio reducido, las autoridades resolvieron «optimizar» la actual (y vetusta) estructura edilicia para hacer frente a los posibles incrementos de casos con enfermedades respiratorias. Miguel Ángel Morandini, director del «Eva Perón», comenta que debieron ubicar ocho camas en la sala multiuso de la Escuelita Hospitalaria.
En Entre Ríos, los nuevos hospitales de Paraná y Gualeguaychú ya deberían estar funcionando. De hecho, abrieron una primera etapa a fines de 2015. Y hasta ahí llegaron. La ejecución de ambas obras superaba el 82 por ciento. En febrero pasado, tanto la gobernación como legisladores nacionales de la provincia reclamaron al Pami por la finalización de estos centros de salud, teniendo en cuenta que gran parte del financiamiento corría por cuenta de ese organismo. En el caso del Hospital Bicentenario, en Gualeguaychú, recién el último 21 de mayo la provincia anunció la posibilidad de rescindir el contrato y llamar a una nueva licitación, que correrá por cuenta de la gobernación.
«El monto original del contrato era por 169 millones de pesos llave en mano, un monto que quedó completamente desactualizado. Del 18% de lo que falta para finalizar, la mitad es equipamiento, lo cual se cotiza íntegramente en dólares», declaró el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes. Como para dimensionar la magnitud de lo que está y no se usa, el día que el de Paraná funcione podrá ofrecer 150 nuevas camas de internación.
Un plan nuclearA fines de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Plan Nacional de Medicina Nuclear–Nucleovida, que preveía invertir 4300 millones de pesos para centros de diagnóstico por imágenes y tratamiento de enfermedades como el cáncer, con el objetivo de «ampliar en un 40% el equipamiento en medicina nuclear para cubrir las necesidades de la población y garantizar el acceso equitativo a esta tecnología en todo el país».
El plan incluyó la construcción de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, con el aporte de la empresa estatal INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en distintas provincias. El de La Pampa incluye un sector dedicado a la producción de radioisótopos y radiofármacos. A pesar de que ya fue construido por más de $ 400 millones, aún no se puede usar. «La obra edilicia se hizo, el equipamiento está, pero no se avanzó más. No está instalado. Ni tampoco está designado el personal», informó el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan.
En el Centro de Medicina Nuclear de Formosa se invirtieron 528 millones de pesos, hace casi tres años. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, el centro cuenta con el equipamiento «pero la obra todavía no está terminada». Lo mismo que el de Santiago del Estero, que tuvo un aporte de más de 300 millones de pesos en 2015.
A pesar de estar casi finalizada su construcción desde hace dos años y medio, por $ 328 millones, el Centro de Medicina Nuclear de Río Gallegos sigue sin inaugurarse. Ante la negativa del Ministerio de Energía, comandado por Juan José Aranguren, la provincia de Santa Cruz anunció en marzo que se haría cargo del centro, que atenderá la demanda de toda la Patagonia sur e incluso Chile, y que ya debía estar funcionando desde 2016. La única colaboración nacional que se prestará a Santa Cruz será la capacitación de la CNEA. Será administrado por una fundación compuesta por profesionales de la región. Su presidente, Héctor Tejada, un pediatra reconocido en la ciudad, señaló: «Va a ser importantísimo para nuestra gente, especialmente para subsanar el desarraigo». Cuando comience a funcionar, dentro de sus 3500 metros cuadrados habrá desde un equipo de braquiterapia con equipamiento de anestesia completa, tabla quirúrgica y ecógrafo, hasta un laboratorio de radiofármacos y una sala de quimioterapia con capacidad para tratar hasta seis pacientes en simultáneo. «
La mortalidad infantil empieza a crear una brecha«La falta de inversión en infraestructura y equipamiento, además de la ausencia y encarecimiento de los medicamentos, y el cierre de programas como Qunita, empieza a tener consecuencias sobre la salud de la población, por ejemplo en la brecha de la Mortalidad Infantil (MI)», advierte Nicolás Kreplak. La fundación que preside, Soberanía Sanitaria, acaba de emitir un informe donde analiza la tasa de MI en todo el país durante la última década hasta el año 2016, el primero de gobierno macrista y el último del que se tienen datos. Subraya que «luego de ocho años, la mortalidad infantil en la Argentina dejó de descender», y agrega: «Los datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación revelan que, luego de un descenso ininterrumpido desde 2007, en 2016 se produjo un estancamiento de la tasa de MI, igualando el valor de 2015 (fue de 9,7 por mil nacidos vivos, frente a los 16,5 de 2003 y el 13,3 de 2007), mientras la desigualdad entre las provincias aumenta».
La tasa de mortalidad infantil se define como el cociente entre las defunciones de menores de 12 meses y los nacidos vivos en un año determinado. Se la considera uno de los indicadores más importantes de la salud de una población, dado que se relaciona con el acceso a una atención sanitaria de calidad y fundamentalmente con el nivel de desarrollo social. Dentro de la MI están la tasa de mortalidad neonatal y la posneonatal. Es en esta última donde mayor impacto causan las condiciones ambientales y socioeconómicas. Mientras la neonatal bajó de 6,6 en 2015 a 6,5 en 2016, la posneonatal creció de 3,1 a 3,3.
En 2015, 19 provincias mostraron descensos de su TMI. En 2016, sólo diez continuaron esa tendencia: «Entre las jurisdicciones donde la TMI aumentó se destacan el sur de la Ciudad de Buenos Aires (la más rica del país), Chubut, Formosa, Misiones y Santiago del Estero, con más de un punto de aumento en ese período y variaciones interanuales que superan el 10 por ciento». Durante 2015, en la jurisdicción con peor situación socioeconómica fallecieron dos veces más chicos menores de un año comparada con la mejor jurisdicción. En 2016, esta relación empeora: fallecieron tres veces más niños en la peor, comparada con la de mejor situación.
El Conurbano se llena de moles olvidadas
Meses atrás,
Tiempo dio cuenta de la situación de hospitales de alta complejidad repartidos por la Provincia de Buenos Aires, especialmente en las zonas más pobladas del Conurbano, que están listos para funcionar hace un par de años, y siguen sin abrir. Nada cambió. Si bien el financiamiento principal que falta entregar es de Nación, la gobernadora María Eugenia Vidal, al igual que con las universidades, fue franca con el tema: «No voy a abrir hospitales nuevos ni cortar cintas, porque eso es una estafa a la gente. La salud no es un edificio. Construir un edificio es la parte más fácil. Lo que vale la pena es poner equipamiento de última generación, que haya insumos, enfermeras y médicos. O seguridad. Y tecnología para que la gente sepa cuánto hay que esperar en una guardia», había dicho a Radio Nacional antes de las elecciones, cuando fue cuestionada por no inaugurar los centros de salud.
Según el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, seis hospitales bonaerenses esperan su oportunidad. Dos de ellos (el Presidente Néstor Kirchner, de Laferrere, y el Doctor René Favaloro, de Rafael Castillo) están en La Matanza, donde más urge el reclamo por la cantidad de población que necesita el servicio. Estaba previsto que funcionaran a comienzos de 2017. Por eso fue la propia intendenta, Verónica Magario, quien le respondió a Vidal: «La Matanza necesita hospitales, así que pedimos humildemente esfuerzo en conjunto. Tenemos dos hospitales listos para poner en funcionamiento. Necesitan partidas para personal y equipamiento. Mientras se remodela el Paroissien, podemos trasladar todos sus servicios al de Gregorio de Laferrere».
Ituzaingó, Esteban Echeverría, Cañuelas y Escobar son los otros municipios que aguardan la buena noticia.
«Es una barbaridad lo dicho por Vidal, porque los hospitales ya están construidos. Desde ningún punto de vista es mejor arreglar uno que ya existe (que también hay que hacerlo). Es mucho más caro, y por otro lado, ¿qué hacés con los pacientes mientras se arregla el hospital?», se pregunta Nicolás Kreplak, presidente de Soberanía Sanitaria y exviceministro de Salud durante la gestión de Daniel Gollan.
Con más de $ 1300 millones de inversión, la mayoría de los seis hospitales tenían a diciembre de 2015 un 90% de ejecución. Iban a atender a una población de 500 mil personas. Y cada uno se ocuparía de demandas específicas de sus regiones. El de Cuenca Alta, en Cañuelas, que tiene equipamiento comprado hace tres años, fue planificado para funcionar como referencia nacional en toxicología, trabajando en colaboración con la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la resolución de los casos de intoxicación, generados por la contaminación del río. Del Bicentenario, de Ituzaingó –denunció Soberanía Sanitaria–, «fueron retirados materiales de construcción, equipamientos médicos y mobiliario». «
