Señalizaron la Embajada de Cuba en Argentina y la «Mansión Güerchi» en la localidad de Zárate

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) señaló durante los últimos días la Embajada de Cuba en Argentina y la «Mansión Güerchi» de la localidad de Zárate. En esta última también participó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de ese distrito bonaerense. Son lugares donde sucedieron hechos vinculados al terrorismo de Estado.

Trabajadores de la Embajada de Cuba resultaron víctimas de la Operación Cóndor, “bajo la que se implementó el plan de secuestro, tortura, exterminio y desaparición forzada de personas”, señaló Horacio Pietragalla Corti, titular de la Secretaría, a Tiempo. “La estrategia genocida fue aplicada en el territorio argentino durante distintas dictaduras militares”, agregó.

La señalización es un homenaje “que hacemos para quienes ya no están y también a nuestro país que siempre abrazó a las víctimas de las dictaduras”, explicó Pietragalla Corti.

En el acto estuvo el embajador Pedro Pablo Prada Quintero junto al secretario nacional; Taty Almeida, de Madre de Plaza de Mayo línea fundadora; sobrevivientes, familiares de víctimas y distintos organismos de Derechos Humanos.

Con la Embajada tienen lazos fuertes que los unen: “Nuestro principal objetivo es fortalecer las políticas de Derechos Humanos y brindar acompañamiento a las víctimas y trabajar en una reparación integral”, aseguró el funcionario.

Operación Cóndor y el contexto histórico

La Operación Cóndor fue una plataforma para la estandarización de las prácticas de coordinación represiva presentes en toda la región en aquellos tiempos. Esto implicó poner a disposición los recursos humanos, materiales y técnicos entre las dictaduras, con el objetivo de facilitar la destrucción de sus opositores, fueran personas u organizaciones.

En su ejercicio, la intención de la Operación era atacar a la revolución cubana a través del plan de sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas que fue protagonizado por las dictaduras en Argentina. Todo esto se tradujo en una violación a las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre las relaciones diplomáticas y consulares de 1961, de las que ambos Estados son parte.

Cabe destacar, que el 13 de agosto de 1975 un grupo operativo mixto de la inteligencia militar argentina y de comandos especiales de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) -junto con miembros de la organización terrorista Acción Cubana- atentaron contra el entonces embajador cubano.

Golpe de Estado de 1976

Desde inicios de 1976, la Escuela José de San Martín -dependiente de la Embajada- y su personal fueron hostigados. El 24 de marzo del mismo año -cuando se produjo el golpe militar- este lugar fue rodeado por tanques de guerra y hombres armados durante varios días, al igual que la residencia del embajador y la oficina comercial.

Luego, el 9 de septiembre de 1976, las Fuerzas Armadas y de Seguridad secuestraron a los diplomáticos cubanos Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández. Posteriormente los trasladaron al centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Automotores Orletti”. Se trata de un lugar que funcionó como base principal de la Operación Cóndor en la Ciudad de Buenos Aires.

Allí fueron interrogados bajo tortura y posteriormente asesinados. Sus cuerpos fueron ocultados en tambores, rellenados con cemento y arrojados cerca del Aeródromo Internacional ubicado en la ciudad bonaerense de San Fernando. Entre agosto de 1976 y agosto de 1978, secuestraron y desaparecieron a trabajadores argentinos de la Embajada y a sus familias. También raptaron a otros tres diplomáticos cubanos, que luego fueron liberados.

Señalización en la “Mansión Güerchi”

La “Mansión Güerchi” está ubicada en la localidad de Zárate. Fue utilizada por el Ejército Argentino como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar. Durante los últimos días también fue señalizada como Sitio de Memoria. Estuvo presente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de este distrito bonaerense.

En el acto de esta señalización participaron la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria de la Secretaría, Lorena Battistiol; la directora de Derechos Humanos del Municipio de Zárate, Lidia Biscarte; las diputadas provinciales Agustina Propato y Micaela Moran; también la directora provincial de Programas para el Desarrollo Socio- Comunitario en Derechos Humanos, Marina Vega.

“Quiero señalar que existen más de 815 Sitios de Memoria en el país y, destacar, que llevamos señalizados unos 300 espacios”, enumeró Battistiol, en diálogo con este diario. Continuó apuntando que todavía “tenemos largo camino por andar, nos faltan recorrer muchos rincones del país, pero tenemos el firme compromiso de seguir adelante con la instalación de estos carteles, porque son una reparación simbólica para las víctimas y sus familias”.

El Archivo Nacional de la Memoria conserva testimonios en causas judiciales con sentencias dictadas. Las mismas indican en forma clara y precisa “que en esa casona estuvieron secuestradas y fueron sometidas a torturas personas que eran perseguidas por su militancia política, social y sindical, entre ellas había una adolescente que estaba embarazada”, recordó la directora nacional.

Además, también se sabe, “que las víctimas luego eran llevadas a otros centros clandestinos, como ser, el Arsenal de Artillería de Marina de Zárate, ‘Pozo de Banfield’, también a distintas cárceles provinciales y federales”, señaló Battistiol. En la actualidad, “algunas de estas personas continúan desaparecidas”, cerró.

Las señalizaciones de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante la última dictadura cívico-militar, se realizan en el marco de la Ley Nacional N° 26.691 y la Ley Provincial N° 13.584. El objetivo es visibilizarlos y expresar en el espacio público el compromiso del Estado democrático en dar a conocer y condenar los delitos que se cometieron en esos lugares. También acompañar el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.