Empezó la sucesión: AMLO le deja una trascendente reforma judicial a Sheinbaum

El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, tenía previsto promulgar hoy mismo la reforma judicial, una victoria emblemática con la que se retira triunfal tras seis años de gobierno, y le deja allanado el camino en ese terreno a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Es una de las grandes batallas políticas y estructurales que la próxima presidenta, que asumirá el 1 de octubre como la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país, ya no necesitará dar, ahorrándose el natural desgaste que implica este tipo de confrontaciones.

“La Reforma al Poder Judicial ha sido aprobada. Es bueno para nuestro país. Hablamos de un verdadero poder independiente y autónomo electo por el pueblo”, celebró Sheinbaum el jueves, horas después de que el Senado aprobara la enmienda Constitucional requerida con 86 votos a favor y 41 en contra, un número ajustadísimo que logró con la ausencia del senador opositor del PAN, Miguel Ángel Yunes, a quien los detractores de la medida llamaron “traidor” (fue reemplazado por su padre, quien votó a favor). Todo en un marco de manifestaciones callejeras en contra del nuevo sistema que, entre lo más destacado, abre el juego electoral para que todos los jueces, incluidos los ministros de la Suprema Corte, sean designados mediante el voto popular.

La reforma abrió una grieta en la sociedad mexicana desde que fuera presentado el proyecto, en febrero pasado. El primero en rechazarlo fue el poder judicial. Acaso una señal de que el argumento esgrimido para reformar el sistema es acertado, que también fija topes salariales y elimina ingresos de privilegio. Tras la aprobación se decretó un nuevo paro judicial, que la cúpula de la Suprema Corte concluiría pasado mañana. Pero los gremios que representan a los trabajadores todavía se encontraban debatiendo si continuaban la medida o no, más allá del martes.

Para el gobierno de Morena, las modificaciones implican un “combate a la corrupción y al nepotismo” en el seno de un Poder Judicial que históricamente jugó para el gobierno de turno o los poderosos, dejando al grueso de la población con una representación escasa o al menos dudosa. En su articulado, el nuevo sistema asegura garantizar el acceso a la Justicia a todas las capas de la sociedad tanto como transparentar y agilizar los procesos de designación de todas las escalas de funcionarios públicos del sector. Introduce la paridad de género, establece una ley de carrera judicial y acota los mandatos de los jueces a seis años con posibilidad de renovar según acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, un órgano preexistente que gana espacio con la reforma.

Los críticos apuntan más que nada al sistema de elección de jueces. Creen que será difícil de implementar y que cambiaría el perfil de los postulantes, que debieran estar enfocadas en cuestiones legales, hacia el de una carrera política.

En una entrevista con la BBC, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Piña, cuestionó que el sistema carga “más responsabilidades al propio ciudadano, en lugar de asumirla el Estado”. Piña se preguntó si, partiendo de los 1650 jueces que existen a nivel federal, “¿el ciudadano va a conocer a todas las personas que integran esa planilla y va a saber si esta persona es capaz de resolver conflictos, si tiene oficio, si es experto, si hace las cosas como deben ser?”.

La crítica de Piña va en sintonía con otras voces que creen que la reforma afecta la división de poderes y que la elección de magistrados partidizará a la Justicia. La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados pidió que se reconsidere el proyecto para salvaguardar la «independencia judicial». Argumento similar fue el de la organización de Derechos Humanos Human Rights Watch: “socava la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas”. También se habían pronunciado en contra los gobiernos de Canadá y EE UU, lo que generó una reacción defensiva del gobierno de AMLO.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el viernes un comunicado en que advierte “posibles afectaciones en materia de independencia judicial, acceso a la Justicia y vigencia del Estado de derecho” que podrían derivar de la reforma. “Según la información disponible, la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del país. Asimismo, se llamó la atención de la CIDH respecto a que lo precipitado de las profundas modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial”, expuso.

La CIDH también hace extensiva una pregunta que se formulan varios dirigentes y representantes del derecho en México: si el nuevo sistema judicial podrá resolver el grave problema del crimen organizado en varias zonas del país. La reforma fue presentada al Congreso en febrero, cuando la coalición gobernante no contaba aún con los votos necesarios para aprobarla, pero tras la amplia mayoría que obtuvo en las elecciones del 2 de junio, se consiguió la mayoría calificada en ambas cámaras.