Empiezan a definirse las tarifas para 2022: el Enargas llama a audiencia pública

La resolución 518/21 del Enargas significa el primer paso formal para definir la política tarifaria de servicios públicos durante 2022. La norma publicada este martes en el Boletín Oficial convoca a una audiencia pública para discutir la “adecuación transitoria” de la tarifa del transporte de gas natural y su posterior distribución por redes.

La reunión se realizará el miércoles 19 de enero, de manera remota. Las empresas licenciatarias tendrán tiempo hasta el 3 de enero para proponer los nuevos valores al ente regulador. El registro de oradores estará abierto hasta el día 14.

Las modificaciones que surjan de la reunión serán transitorias, a cuenta de la “revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal”, que la ley 27.541 ordenó renegociar. Aun así, la audiencia no será vinculante: el Enargas podrá tomar o no en consideración las opiniones de los participantes y de las propias empresas que brindan el servicio antes de resolver los nuevos valores a aplicar.

El llamado es trascendente porque de la posición de los actores y de la posterior decisión del Enargas surgirán los primeros pasos concretos de la política tarifaria que seguirá el gobierno durante el año entrante. La última actualización en materia de gas, realizada el año pasado, significó un alza para los consumidores domiciliarios de sólo 6%. De la misma manera, para las empresas, sólo se autorizaron incrementos para las distribuidoras y no así para las transportadoras, dos de las tres patas que junto con las productoras (cuya remuneración está atada a un acuerdo realizado directamente con la Secretaría de Energía) sostienen el sistema de provisión de gas natural.

Las conversaciones entre el titular del ente regulador, Federico Bernal (quien reporta de manera directa a la vicepresidenta Cristina Kirchner) y las empresas del sector se vienen realizando en reserva desde hace varias semanas. Según el portal especializado Econojournal, la última oferta del funcionario fue un 55% de incremento en las tarifas para las empresas transportadoras y de 31% para las distribuidoras. Esto se traduciría en un ajuste de alrededor de 15 puntos en las facturas que pagan los consumidores finales. Resta por ver qué actitud se tomará con el suministro a las empresas, que en la última modificación, autorizada en junio de 2021, sufrieron una suba bastante más pronunciada que la aplicada en los domicilios particulares.

De acuerdo a la documentación presentada en la última audiencia, en marzo de este año, el Estado absorbía alrededor del 60% del monto que deberían abonar los usuarios, ya que toma a su cargo una parte del precio que perciben las productoras por extraer el fluido e inyectarlo al sistema de transporte. Esos subsidios, al igual que los del sistema eléctrico y del transporte de pasajeros, se volvieron una carga muy pesada que ahora el gobierno busca aligerar.

La apuesta oficial pasa por lograr una segmentación del padrón de usuarios de acuerdo a sus ingresos, para reducir la compensación a aquellos clientes de mayor poder adquisitivo. A pesar de las complicaciones técnicas de esa tarea, que incluye recabar de múltiples fuentes la información disponible (en muchas ocasiones protegida por el secreto estadístico), desde la Secretaría de Energía creen estar en condiciones de ponerla en marcha hacia fines de ese año. Un paso en ese sentido se dio con la electricidad, en la que se habilitó a que las empresas distribuidoras puedan cortar el suministro en aquellas viviendas donde el medidor no está a nombre del morador. La actualización de la titularidad, dicen en Energía, es clave para identificar quién es la persona que utiliza el servicio y si le corresponde el subsidio.