Empresarios buscan imponer la agenda poscuarentena

Por: Martín Ferreyra / Randy Stagnaro

Tras presionar al gobierno para flexibilizar el aislamiento social, un sector del empresariado apunta a generar consensos para que en la nueva etapa que se abre después del lunes 13, la economía tenga la menor cantidad de restricciones y las cuestiones sanitarias se adecuen a esta orientación.

Tras agujerear el paragüas de la cuarentena sanitaria con excepciones a la realización de actividades que difícilmente puedan ser consideradas esenciales, como los aserraderos y los corralones de materiales de la construcción, el sector empresario se embarcó en un plan más ambicioso: marcar la agenda política y social de la poscuarentena.

La iniciativa corre por cuenta de un grupo de empresarios que tienen mucho peso, pero que no son las caras visibles de las principales organizaciones gremiales patronales. Es el caso de Gonzalo Tanoira, miembro de la familia Bemberg y accionista de una cantidad de empresas, entre ellas la citrícola San Miguel. El documento, de 53 páginas y unas 300 firmas de adhesión, es en rigor un pliego de condiciones que pone en el centro la liberalización dela economía y la subordinación de la polítca sanitaria a ella.

Además, la iniciativa llega después de una semana en la que el gobierno sintió a pleno la presión empresaria para lograr las excepciones al aislamiento. El viernes, un decreto del gobierno liberó de la cuarentena a un grupo de actividades. Y tras reuniones con la Cámara de Comercio y la Unión Industrial, por el lado empresario, y la cúpula de la CGT, por el lado de los trabajadores, se resolvió armar una mesa tripartita para debatir cómo se levantará la cuarentena y cuya primera reunión será el próximo martes.

En palabras del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el encuentro servirá para “empezar a programar de manera ordenada” la vuelta de los distintos sectores a la actividad normal. El ministro dijo que también se empezarán a monitorear los mecanismos de ayuda económica que anunció el gobierno esta semana para que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones salariales sin afectar el empleo.

Los protagonistas de las reuniones definieron el espacio creado como un nueva mesa de diálogo y como “un punto de equilibrio” que procuró el gobierno, por un lado, frente a las presiones de las empresas para volver a poner a funcionar la economía y garantizar los pagos a partir de abril y, por otra parte, para responder a la necesidad de contener el avance del Covid-19 y evitar el altísimo costo político de un posible desborde epidémico.

Paradójicamente, las reuniones para arribar a esa solución coincidieron en tiempo con las imágenes del fracaso de la atención de decenas de miles de jubilados y beneficiarios de la AUH que fueron a los bancos a cobrar. Las incidencias se vieron en los televisores del despacho oficial y condicionaron sensiblemente el ambiente de los encuentros.

Con cuidado

La cuestión sanitaria estuvo presente en las reuniones como una incógnita de peso, reconoció el secretario General de la Asociación Obrera Textil (AOT), Hugo Benítez, quien fue parte de la reunión entre el presidente de la Nación y la CGT.

Benítez aseguró a Tiempo que la idea del comité es “garantizar que la liberación se realice previo trabajo con sanitaristas para evitar las consecuencias que podrían surgir de las aglomeraciones en los medios de transporte”.

El gremialista aseguró que el consenso es que la construcción volverá a la actividad rápidamente: “Las empresas están anunciando que así no pueden pagar abril pero el gobierno se comprometió a seguir asistiendo para que conservemos el empleo mientras va habilitando sectores de a poco; no hay que aventurarse a nada”.

Nuevos esenciales

El viernes pasado el gobierno sumó al grupo de los sectores “esenciales” a los materiales para la construcción y los corralones; a la producción, distribución y comercialización de productos forestales y mineros; a las curtiembres, y a los aserraderos, las fábricas de maquinaria vial y agrícola y los fabricantes de colchones. También se habilitó el comercio exterior y actividades relacionadas a los combustibles. Finalmente permitió el regreso de mutuales y cooperativas de crédito así como las tareas de la documentación de personas.

Pero la demanda número uno es la vuelta de los bancos (ver nota aparte), una idea en la que confluyen empresarios de todos los sectores y que se potenció más todavía con los incidentes del viernes. Kulfas advirtió que “el sector bancario tiene que hacer un esfuerzo más grande” porque “tiene la liquidez y la capacidad” y “no está arrancando a la velocidad que nosotros deseamos”.

Para Miguel Ponce, analista económico, están dadas las condiciones para que una decisión oficial libere a la construcción de ataduras desde del próximo lunes 13, cuando vence oficialmente esta cuarentena. De hecho ese sector tuvo una señal del Ejecutivo con la inclusión de los  materiales a la lista de los que vuelven a operar normalmente. Ponce cree que  también se empezarán a liberar industrias necesarias para la actividad cotidiana interna a la par de los sectores con capacidad exportadora de bienes físicos y los servicios informáticos, ambos generadores de divisas. Otro sector considerado para retomar es el petrolero, que espera una definición a partir de la caída del precio internacional.

El documento empresario intenta imponer un consenso para llevar a fondo estas tendencias con una decidida flexibilización de la cuarentena, a partir de lo cual se ordenarían distintas políticas sanitarias y sociales. Justo cuando la Organización Mundial de la Salud y el FMI advierten sobre las consecuencias económicas y sociales de levantar las cuarentenas antes de tiempo.

La CGT, tras el protocolo consensuado           

La CGT puso el foco en los mecanismos para garantizar la vuelta al trabajo una vez que finalice la Semana Santa. Los dirigentes de la mesa chica, encabezados por Héctor Daer, ratificaron el viernes en Olivos su «total apoyo institucional» a la política oficial frente a la pandemia.

Daer señaló que «estamos transitando esto de la mejor manera posible» y aclaró que «no sólo para enfrentar la pandemia sino con relación al empleo y al trabajo» en referencia al decreto que suspendió “el término de ‘fuerza mayor’ para las suspensiones y el desempleo».

En detalle, anunciaron que avanzarán en la formalización de mesas de trabajo sectoriales tripartitas, con el formato del Consejo Económico Social que, según ellos, «estará en el centro» para «coordinar protocolos» que liberen «en forma paulatina» las restricciones para la producción y «proteja a los trabajadores y genere las condiciones para reincorporarse al trabajo». Con todo, la única medida concreta que adelantaron fue la de una rotación de turnos de ingreso para evitar «embudos» en el transporte.

En diálogo con Tiempo, Hugo Yasky, de la CTA-A compartió un comunicado en el cual asegura que «el gobierno afrontó con inteligencia y sensibilidad esta prueba» pero advierte que «la pauperización, consecuencia del gobierno de Mauricio Macri, hace mucho más difícil sostener en el tiempo el distanciamiento social». Con todo, bregó por la creación de un Fondo financiado con el 1,5% de las fortunas de las 50 personas más ricas del país.

Desde el sector del FreSiMoNA, Omar Plaini señaló que «todavía no estamos en el pico de la pandemia, es muy peligroso abrirla. La manta es muy corta. Son los empresarios los que tienen que hacer el gesto».

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