El Grupo de los Seis, el FCE y CAME, entre otros, cerraron filas con posiciones parecidas. Otros se expresaron con una carta abierta.
Los comunicados redactados por los equipos de las cámaras empresarias privadas abundaron en retórica acusatoria contra los participantes de las protestas, pero también defendían, invocando la Constitución nacional, la actuación del gobierno jujeño y de las fuerzas de seguridad involucradas en los operativos.
El viernes, después del importante golpe de visibilidad generado por la escalada del conflicto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó al gobernador jujeño, Gerardo Morales, como su compañero de fórmula para la interna de Juntos por el Cambio, y los mensajes del empresariado quedaron expuestos a la par de las propuestas políticas de la oposición.
Hubo posicionamientos claros de entidades como el Grupo de los Seis (G6); el Foro de Convergencia Empresarial (FCE); la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE); de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME); y de la federación transportista FADEEAC, entre otras.
Y, si bien llamó la atención la falta de pronunciamiento de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), una de las más influyentes del lobby nacional, muchos de los empresarios que participan de ese espacio –a título de propietarios de grandes corporaciones–, suscribieron con nombre y apellido a una misiva que se publicó en diarios, en la misma tónica que el resto de las asociaciones.
El G6, que integran la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Bancos (Adeba), la Cámara de la Construcción (Camarco), la Bolsa de Comercio (BCBA) y la Sociedad Rural (SRA), descalificó desde el título de su comunicado «los hechos violentos en la provincia de Jujuy».
En el texto, reivindicó «la importancia del diálogo como única vía para la resolución de conflictos, respetando el derecho legítimo a la protesta pacífica y en el marco del orden institucional y el respeto por el derecho a circular libremente y llevar a cabo las actividades diarias de los ciudadanos».
Por su parte, la CAME exhortó a hacer «todos los esfuerzos posibles para garantizar la paz social» y consideró «clave garantizar el normal desarrollo de las instituciones, el respeto al trabajo y la libre circulación» en línea con «los principios republicanos».
Hubo posicionamientos más frontales. El Foro de Convergencia Empresarial (FCE) se definió a favor de las reformas políticas que motivaron la pueblada de Jujuy.
Argumentó que «las reformas cuestionadas fueron hechas dentro del marco de la Constitución Provincial»; aseguró que «la población de Jujuy votó a los convencionales constituyentes y éstos aprobaron por mayoría los artículos cuestionados»; y concluyó: «Es legítimo el derecho a la protesta, pero debe hacerse en un marco pacífico y sin violencia ni desmanes en perjuicio del patrimonio público y privado como ocurrió en los últimos acontecimientos. Cuando esto ocurre es obligación de las autoridades el restablecimiento del orden».
El jueves, un nutrido grupo de empresarios, 960 sumando profesionales e integrantes de ONG, firmó una carta abierta. Una de las frases más significativas del comunicado sentenció que «nuestra Constitución Nacional es clara: ‘El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición'».
Entre los firmantes se destacó la adhesión de Gustavo Grobocopatel, titular del Grupo Los Grobo.
Curiosamente, en una entrevista que concedió a Radio Con Vos, el empresario agroindustrial reconoció que se informó sobre los hechos de Jujuy a través de amigos por lo que, expresó, «no puedo opinar sobre el tema». «
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) se diferenció de las asociaciones representativas de las grandes corporaciones con un comunicado en el que repudió la represión a los manifestantes en Jujuy y llamó a restituir el Estado de Derecho.
«Las pymes se ven afectadas doblemente en la imposición de un modelo de gobierno que recorta derechos laborales y civiles», señaló el mensaje. Por un lado, porque la población pierde poder adquisitivo y cae la demanda interna; por el otro, porque se cercena el derecho a reclamar mejores condiciones de desarrollo económíco y social.
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