Redactaron un texto que entregaron a los senadores, pero no lo publicaron para evitar el debate. Desde el SiPreBA salieron al cruce.

Sostiene que “modernizar no es precarizar”, pero no propone modernización alguna. En cambio, sí insiste en la eliminación de derechos, en particular la indemnización especial, que tiene como finalidad resguardar la libertad de expresión de los periodistas.
Los autores representan a las grandes empresas de medios de la prensa escrita, radial y televisiva, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del resto del país.
A pesar de semejantes espaldas políticas, prefirieron no hacerlo público, quizá por la flagrante contradicción que significaría impulsar una medida que atenta contra la libertad de expresión -como es la derogación del Estatuto del Periodista- al tiempo que gastan ríos de tinta y horas de audio y video editorializando sobre la libertad de expresión.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) consideraron que «el escrito contiene una serie de falacias respecto del impacto que tendría una eventual derogación del Estatuto».
El primer punto que destacan es que la derogación del Estatuto facilita los despidos y por lo tanto la consecuencia directa e inminente será la destrucción de puestos de empleo formales y su reemplazo por empleo basura. «El escrito lo dice claramente: buscan legalizar una práctica actualmente ilegal que es la utilización del mal llamado ‘colaborador’. Esta figura esconde una hiperprecarización laboral. Periodistas a destajo sin ningún límite. Sin vacaciones, sin sueldo, sin derecho a enfermarse», indicaron.
En segundo término, apuntan a que las empresas han impuesto una reforma laboral de hecho en el gremio a partir de los bajos salarios que pagan y que se niegan a aumentar acorde a las necesidades de una familia trabajadora.
El tercero es que SiPreBA advierte que las entidades empresarias «se han negado sistemáticamente a negociar de buena fe la forma en que se debe retribuir las nuevas tareas que genera la incorporación de las diferentes tecnologías». Agregan que «el Estatuto no impide ninguna actualización, como lo demuestra la existencia de diferentes acuerdos en muchos lugares del país que han incorporado esas tareas sin ningún inconveniente».
Por último, «las patronales se victimizan ante la competencia desleal de las plataformas. Pero, en lugar de intentar regularlas, eligen pisarle la cabeza a las y los trabajadores, el eslabón más débil de la cadena», expresan.
Y concluyen: «Esta postura de las empresas de medios, que no se animan a sostener públicamente porque contradice su histórico discurso, implica un ataque directo al periodismo y la libertad de expresión». «
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