En cinco meses, el gobierno pudo imponer un ajuste del 28% en el presupuesto pero no afectó los fondos para pago de deuda

Por: Alfonso de Villalobos

Los recortes afectan a todas las áreas pero en forma muy heterogénea. Partidas de la seguridad social, educación, salud y obra pública encabezan los recortes pero la motosierra llega también a las fuerzas de seguridad y el Ejército. Los pagos de deuda intactos.

El presidente Javier Milei pudo convencer en septiembre de 2023 a su contrincante en las elecciones y entonces ministro de Economía Sergio Massa de que no era conveniente votar la ley de presupuesto 2024 sin conocer todavía quien tendría la responsabilidad de gobernar el país.

De ese modo prometió que ese proyecto u otro con el mismo propósito se trataría en diciembre de ese año. Nada de eso ocurrió y, como lo dispone la legislación vigente, se prorrogó el presupuesto vigente del año anterior. La normativa vigente, sin embargo, no dispone una actualización automática del mismo con algún criterio de indexación por inflación. Con una inflación interanual que roza el 290%, el presupuesto resulta papel pintado y las erogaciones reales del Tesoro para el funcionamiento del Estado surgen de decisiones arbitrarias y discrecionales del Palacio de Hacienda.

Esa herramienta permite al gobierno desarrollar un ajuste a la carta sobre las partidas que le parezca conveniente. Por eso, en los primeros cinco meses del año pudo ejecutar un 28% menos en términos reales de lo que había hecho el gobierno anterior en el mismo período.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el dato se sostiene en un importante ajuste en el gasto público que contrasta con el creciente peso de los servicios de deuda que soportan las cuentas nacionales y que, en el período, escalaron hasta el 15% del total del gasto estatal y representan el único ítem que se mantuvo relativamente constante con un retroceso de apenas el 3% con relación al período anterior.

El ajuste se realizó combinando la motosierra (despidos, cierres y recortes directos) y la licuadora (reducción de salarios y gastos corrientes en términos reales)

Sector por sector

El manejo discrecional de los recursos que habilita un presupuesto devaluado generó un ajuste con impacto heterogéneo. De hecho, según el informe del CEPA, “se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud (-55%), ANMAT (-15%), hospitales nacionales, e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer (-19%) y la Agencia Nacional de Discapacidad (-26%)”

A la vez destaca que “los organismos de la Seguridad Social están sufriendo fuertes recortes en la ejecución de sus partidas presupuestarias”. En la ANSES, el ajuste en la ejecución llega al 24% con relación a los cinco primeros meses del año pasado aunque uno de sus principales programas la PUAM mostró erogaciones un 50% inferiores a las del año pasado.  

A la vez, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)el ajuste llegó al 70%. En la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia el ajuste en términos reales fue del 40% pero que llegó hasta el 47% en partidas especiales como la de atención a la niñez en situación de vulnerabilidad social (Programa 1.000 días).  

La producción en la mira

Pero las erogaciones también se vieron afectadas especialmente en los organismo encargados de promover el desarrollo productivo. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca sufrió “un ajuste del 91% mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae más del 90%”.

Los organismos descentralizados de esos organismos también sufrieron fuertes recortes, en especial el SENASA, el INTA y el INTI.

No se salva ni la policía

Al mismo tiempo las fuerzas de seguridad también se vieron impactadas por los recortes aunque el ajuste quedó por debajo del promedio del 28% general. Los recortes llegaron al 26% para la Policía Federal, un 25% la Gendarmería, la PSA un 17% y Prefectura un 24%. Las Fuerzas Armadas tampoco quedaron indemnes en tanto el ejército sufrió un ajuste del 11%, la Armada del 18% y la Fuerza Aérea de un 10%.

Educación y salud para atrás

Sin dudas la partida que sufrió un mayor recorte fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) mediante el cual el Estado Nacional refuerza los haberes de los docentes que perciben sus salarios de parte de las administraciones provinciales. El ajuste en ese punto llegó hasta el 98% y las erogaciones se encuentran congeladas en tanto el gobierno se niega a convocar a los sindicatos a la paritaria nacional docente. Las partidas de equipamiento también sufrieron una poda del 98%  y el programa Conectar Igualdad del 81%.

En el sector de la Salud los recortes también son muy ´pronunciados en programas específicos como el de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” que percibió un 52% menos que el año anterior o el de “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” que perdió en cinco meses un 75%. La “Atención Sanitaria en el Territorio” se encuentra prácticamente inactiva con un ajuste del 97% y programa de Fortalecimiento del Sistema Público de Salud resignó un 72% de sus ingresos en términos reales.

Todo parado

Otro ítem clave del gasto público con fuerte incidencia en la actividad económica, la Obra Pública, sufrió una parálisis casi total con partidas presupuestarias “con caídas cercanas al 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica”.

Por último, el informe identifica un foco importante de la austeridad presupuestaria en los fondos que reciben las provincias. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires se redujo a cero con un ajuste del 100% mientras que la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios lo hizo en un 99%, similar al 96% que sufrió la partida de “Asistencia Técnica a Municipios”.

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