En los primeros cuatro días del aislamiento social obligatorio, que se extendería más allá del 31 de marzo, las fuerzas federales de seguridad detuvieron a 1229 personas por incumplirlo y demoraron a otras 20.403. La cifra fue difundida este martes por la tarde y revela que entre las 00 horas del viernes pasado y las 8 de esta mañana 21.632 personas fueron penalizadas por violar en algún grado las restricciones impuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, firmado por el presidente Alberto Fernández para cortar la cadena de transmisión de la pandemia.
El último detalle fue provisto por el Comando Unificado de Seguridad que reporta a la ministra Sabrina Frederic e integra a los jefes de las cuatros fuerzas federales y un representante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que cumplen tareas de apoyo logistico y médico sin violar la Ley de Seguridad Interior. A ese organismo llegan las denuncias telefónicas derivadas de la línea 134, que son analizadas e investigadas por cada fuerza.
Fuentes de Seguridad confiaron a Tiempo que este martes, en los primeros siete días de funcionamiento de ese call center, habían recibido 16.977 llamados de vecinos y transeúntes por violación de cuarentena. De ese total 1089 fueron derivadas a las fuerzas policiales.
Además controlaron a 81.006 vehículos y secuestraron 543. De ellos 302 fueron incautados por la Policía Federal, 161 por Gendarmería, 55 por Prefectura y 25 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. De los 81.006 controles de rodados Prefectura inspeccionó a 31.119, Gendarmería a 23.335, Policía Federal a 20.368 y la PSA a 6.184.
Detenciones y aprehensiones Las personas demoradas sólo fueron notificadas del delito cometido y las enviaron a su domicilio para que cumplan la cuarentena dispuesta. Las detenciones fueron resueltas por orden de un juez o fiscal interviniente que posiblemente abrió una causa judicial en su contra y en base a los delitos cometidos resuelve su envío a domicilio o cumplimiento de la cuarentena en una dependencia policial. Desde el 12 de marzo rigen dos penalidades previstas por el primer DNU que firmó Fernández para garantizar el aislamiento: los artículos 205 y 239 del Código Penal.
El primero establece penas de «prisión de seis meses a dos años» a quien viole «las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia», mientras que el segundo fija «prisión de quince días a un año» a quien resista o desobedezca «a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones» o a la persona que lo asista a su pedido «en virtud de una obligación legal».
De las 1229 detenciones, 988 fueron efectuadas por Gendarmería, 92 por la Federal, 76 por Prefecturay 73 por la PSA. De las 20.403 personas demoradas 8.331 fueron aprehendidas por Gendarmería, 5.360 por la Federal, 3.506 por Prefectura y 3.206 por la PSA.
El aislamiento social obligatorio ordenado por el Ejecutivo concluye el próximo martes 31 y rige en todo el país, pero podría ser ampliado hasta el domingo 12 de abril, después de Semana Santa.
