En medio de la crecida del conflicto con la fuerza de seguridad provincial, el presidente salió a dar un mensaje, rodeado del gobernador y jefes comunales oficialistas y opositores.
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El congelamiento salarial de la administración de María Eugenia Vidal se agravó con la falta de ingresos por las horas extras que hacían de manera habitual los policías. Esto se debió a la cuarentena que produjo la suspensión de actividades deportivas y de espectáculos.
El enojo se produjo porque el gobierno nacional había anunciado el viernes pasado un Programa de Fortalecimiento de Seguridad en territorio bonaerense. La iniciativa destinará una inversión en infraestructura y operatividad de 10 millones de pesos. Allí estuvieron la ministra nacional de Seguridad, Sabina Frederic, su par provincial Sergio Berni, Kicillof y Alberto Fernández. También se hicieron presentes los intendentes oficialistas y opositores.
Ese acto, con gran despliegue comunicacional, fue -según leen fuentes de gobierno- una oportunidad desaprovechada para que Berni trasmitiera el malestar que había en la policía bonaerense.
Es que en la provincia temieron que, si se daba un aumento a la fuerza, después se sumaran otros gremios en el marco de las dificultades económicas producto de la pandemia. Y por eso se desestimó el reclamo.
Berni está fuertemente criticado por los intendentes, por Frederic y por la propia fuerza al a que dice conducir. El ministro dejó trascender que la Gendarmería era mejor fuerza que la policía. Se quejó de la cantidad de licencias psiquiátricas que hay en la fuerza y priorizó su imagen por sobre la gestión real.
Desde Rosada analizaron lo que está sucediendo en otras provincias y vieron que los reclamos fueron aplacados con una negociación salarial rápida. En Chaco, Jorge Capitanich ya se aprestó a negociar una suba. Lo mismo sucede con Omar Perotti, en Santa Fe, cuyo ministro de Seguridad, Marcelo Saín, ya anunció aumento salarial y mejoras en lo que se denomina “bienestar policial”. El acuerdo paritario de recomposición alcanzado el 7 de septiembre entre el gobierno provincial y los gremios estatales (UPCN y ATE) se aplicará al personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Algo similar ocurrió en Misiones. En Jujuy hay reclamo salarial, pero no se destrabó. En Buenos Aires, escaló.
Más allá del respaldo que le dio este miércoles el presidente al gobernador, se descuenta que el conflicto debe volver a su cauce: cerrar un acuerdo salarial cuyos fondos tendrán que salir irremediablemente desde las arcas nacionales.
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