En la Ciudad, todos somos sospechosos

El próximo jueves, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, presentará un nuevo sistema de reconocimiento facial que, dice, se aplicará para el reconocimiento de prófugos de la Justicia. No es una tema menor. Mediante un nuevo software, más de 7500 cámaras colocadas en las terminales ferroviarias, en las estaciones del subterráneo y en algunas esquinas de la ciudad podrán realizar un reconocimiento facial de los ciudadanos, sin que hasta ahora ningún organismo de control pueda intervenir para crear una normativa y resguardar su integridad.

Quienes conocen en profundidad el tema denuncian el potencial de esta tecnología para vulnerar la privacidad de millones de ciudadanos inocentes. Es una medida que genera demasiados interrogantes y resulta peligrosa, en tanto se desconoce un necesario y riguroso seguimiento para aplicar este tipo de control.

El Ejecutivo tampoco informó qué tecnologías usará, cómo se compraron, por cuánto dinero y a quién. Además, se desconoce cuál será el tratamiento de las imágenes grabadas en espacios privados, quiénes las operarán, cómo serán los procesos de custodia y guarda y el tiempo de conservación de las mismas.

Desde particulares y asociaciones de activistas se realizó una serie de pedidos de informes al Ejecutivo para conocer el alcance de estas y otras tecnologías. A su vez, reclaman la constitución de un organismo de control específico que regule el uso de este sistema operativo, que se establezcan normas de uso, protocolos, y que haga transparente los sistemas para las actividades de vigilancia.

Este anuncio se realiza en medio de una crisis económico-social que generó el gobierno nacional, y que aparece con final complicado. Esta medida es controversial en términos de seguridad democrática, y contiene mucho olor a anuncio preelectoral, demagógico y efectista. «