El Ejecutivo tampoco informó qué tecnologías usará, cómo se compraron, por cuánto dinero y a quién. Además, se desconoce cuál será el tratamiento de las imágenes grabadas en espacios privados, quiénes las operarán, cómo serán los procesos de custodia y guarda y el tiempo de conservación de las mismas.
Desde particulares y asociaciones de activistas se realizó una serie de pedidos de informes al Ejecutivo para conocer el alcance de estas y otras tecnologías. A su vez, reclaman la constitución de un organismo de control específico que regule el uso de este sistema operativo, que se establezcan normas de uso, protocolos, y que haga transparente los sistemas para las actividades de vigilancia.
Este anuncio se realiza en medio de una crisis económico-social que generó el gobierno nacional, y que aparece con final complicado. Esta medida es controversial en términos de seguridad democrática, y contiene mucho olor a anuncio preelectoral, demagógico y efectista. «
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