En un duro documento enviado al ministro de Salud, Mario Lugones, la Conferencia Episcopal denunció la "asfixia financiera" de hogares y cottolengos. Advierten que la falta de pagos estatales desde finales de 2025 pone en riesgo la atención de miles de personas vulnerables.
El documento, que lleva la firma de la Comisión Ejecutiva encabezada por monseñor Marcelo Colombo (Arzobispo de Mendoza) y el cardenal Ángel Rossi (Arzobispo de Córdoba), es taxativo: la falta de regularización de los aportes estatales desde finales de 2025 ha generado una deuda asfixiante. Para la cúpula eclesiástica, la discapacidad ha quedado atrapada en medio del ajuste fiscal, una situación que calificaron como «angustiante» y que vulnera derechos básicos garantizados por ley.
La Iglesia puso el foco en la situación crítica de los Cottolengos Don Orione, una obra emblemática que brinda cuidado integral a 1200 personas con necesidades complejas. Según advierte la misiva enviada al ministro Mario Lugones, la continuidad de esta tarea se encuentra en un «riesgo real e inmediato». El combo es letal: mientras los organismos nacionales mantienen congelados o demorados los pagos, los costos de alimentación, medicamentos e insumos médicos, sumados a los compromisos salariales, no dejan de escalar.
«En estos días se ha hecho visible, de manera especialmente dolorosa, la situación de muchas instituciones donde se sostiene una tarea silenciosa y generosa», expresaron los obispos. El texto describe un panorama de endeudamiento creciente que arrastra a hogares y residencias hacia un cierre inminente, dejando a ciudadanos que requieren asistencia total para sus actividades básicas en un estado de desamparo absoluto.
El Episcopado instó al Ejecutivo a cumplir con la Ley 24.901, el marco normativo que establece el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Recordaron que ya en mayo del año pasado habían advertido que este sector «no puede esperar», lamentando que la coyuntura política actual haya derivado en un «simulacro de gestión» que interrumpe servicios indispensables.
«La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas», afirma el documento con un tono que marca una distancia sideral con el discurso oficial de eficiencia del gasto. Para la Iglesia, estas instituciones —nacidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles— constituyen un «patrimonio social de la patria» que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger.
La carta concluye con una exigencia de respuesta «concreta, visible y urgente». En un contexto donde el Gobierno ratifica el rumbo del déficit cero, la Iglesia planta bandera: el respeto por la vida humana y el cuidado de los más frágiles son, para los prelados, los cimientos irrenunciables sobre los que debe edificarse cualquier proyecto de sociedad.
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