En tiempo récord, la Ciudad debate modificación del estatuto docente: «Vienen a liquidar nuestros derechos»

El pasado 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, el jefe de gobierno porteño sorprendió a la comunidad educativa al anunciar el envío de un proyecto para modificar el estatuto docente. El 15 de marzo, dos semanas después, la ministra Soledad Acuña presentó formalmente la modificación del estatuto docente en el Salón Alfonsín de la legislatura porteña. Lo hizo a puertas cerradas, sin que maestros y maestras o referentes educativos, pudieran ingresar a escuchar su exposición. Hoy, dos semanas después de su presentación formal, ya se está debatiendo en tiempo récord el proyecto del oficialismo porteño.

Los argumentos del oficialismo porteño para modificar el estatuto son conocidos: actualizar y jerarquizar la formación y los contenidos de los trabajadores de la educación; contar con roles y/o funciones que reconozcan la experiencia y el saber acumulado por los docentes que no desean pasar a desempeñar cargos de conducción y de supervisión; y destaca el rol de aquellos que están en condiciones de asumir otro tipo de responsabilidades para que complementen y apoyen la tarea de la enseñanza.

«Nos convocan para escucharnos, pero luego eso no se va a ver reflejado en la letra de la Ley», comienza el diálogo con Tiempo el secretario adjunto de ADEMYS,  Jorge Adaro. «No quedan dudas que vienen a liquidar todos nuestros derechos laborales, esto obedece a una reforma sugerida desde hace mucho tiempo por organismos internacionales como el FMI, que insiste con realizar reformas estructurales. Empiezan por nosotros y luego siguen por otros sectores, porque esto en definitiva es una reforma laboral», agrega.

Para que el proyecto tenga más “apoyo”, el oficialismo porteño decidió “seducir” a diferentes sectores de la oposición. La estrategia fue introducir  dentro del proyecto, un reclamo genuino como es la titularización de la educación de profesores secundarios, conociendo la urgencia que demandan alrededor de 35 mil profesores y profesoras, que hace más de 11 años no pueden obtener la titularización de sus cargos y siguen como docentes interinos o suplentes. La contrapropuesta de la oposición fue dividir el proyecto en dos: uno que trate la titularización masiva de docentes, y el otro que se encargue de las polémicas modificaciones planteadas al estatuto. El oficialismo la rechazó de plano.

El sector de trabajadores docentes más precarizados es el socioeducativo. Maestras y maestros que trabajan con los sectores vulnerables y empobrecidos de la sociedad: estudiantes en situación de calle; pibas y pibes que asisten a los clubes de jóvenes; estudiantes que necesitan apoyo escolar; y una gama variopinta de otras actividades como ajedrez, educación física y recreativas. Actualmente nuclea a un total de 4000 trabajadores y trabajadoras de la educación, todos con salarios por debajo de la línea de la pobreza, contratados y sin posibilidad de regularizar su situación laboral.

“El gobierno porteño se niega a incluirnos dentro de este proyecto para titularizarnos como lo hace con el resto de los compañeros docentes”, cuenta a Tiempo Ariel Sánchez, Secretario del área socioeducativa del gremio docente UTE. “No entendemos por qué insisten con dejarnos afuera, o más bien, creemos que es porque somos los más combativos, los que mayormente nos movilizamos ante cada injusticia y los que reclamamos siempre en la calle por nuestros derechos; pero sobretodo porque somos los que estamos codo a codo con los sectores más postergados”, agrega Sánchez y termina: “Necesitamos con urgencia la titularización de miles de docentes, algunos hace casi 11 años que están en una situación irregular, y si el día de mañana a cualquier funcionario se le ocurre realizar un concurso abierto, esos docentes después de laburar todos estos años pierden el cargo”.

Según se desprende del texto, los ejes centrales de la reforma están vinculados con el sistema de ascenso en los niveles inicial y primaria, el incentivo salarial a los docentes que concurran a una «capacitación continua», un nuevo rol para el preceptor de la secundaria; y una titularización «excepcional» de cargos interinos de escuelas de media, técnica, artística y Centros de Educativos de Nivel Secundario (Cens). Mientras los referentes gremiales exponían en la comisión de educación de la legislatura, afuera montaron una radio abierta para dar a conocer a la sociedad las consecuencias de avasallar los estatutos de los diferentes sectores.

“Este proyecto tiene una lógica de vulnerar derechos y las fuentes laborales del sector. Está claro que estas modificaciones hablan de precarización laboral y no lo vamos a permitir”, enfatiza en diálogo con Tiempo, Karina Costaguta, secretaria general de la Unión Argentina de Maestros y Profesores, CAMYP. “La desconfianza con este proyecto es total porque el documento modifica 28 artículos, y nos van a complicar la vida para acceder a los cargos porque no deja nada en claro”, termina.