En un allanamiento por violencia de género hallaron 40 mil kilos de comida que debía llegar a sectores vulnerables

El domingo por la mañana, una mujer se acercó a la Comisaría 15 de la localidad tucumana de Manantial Sur para denunciar a su pareja por agresiones. Horas más tarde, con una orden judicial, se realizó un allanamiento en la vivienda del acusado. Lo que había comenzado como un caso de violencia de género dio lugar a una investigación paralela, luego de que se hallaran en esa casa 40 mil kilos de alimentos que habrían sido entregados por el Gobierno para fines sociales.

“Nos sorprendió la cantidad de mercadería que se encontraba allí. Todo estaba tapado, por lo que no se veía desde afuera. Fue un hallazgo inesperado. Se requirió la documentación de la mercadería para corroborar por qué la mercadería estaba ahí y el propietario presentó un remito de que había sido retirada del Ministerio de Desarrollo Social”, dijo Martín Ávila, jefe de la comisaría local, según informó la Secretaría de Comunicación Pública de Tucumán.

Los más de 40 mil kilos de fideos, arroz, yerba, puré de tomate y cajas de leche en polvo habrían sido enviados a Desarrollo Social por el ministerio nacional de Capital Humano, según consignó C5N.

Se trata de comida cuya comercialización está prohibida. Cabe recordar que en Tucumán –en Tafí Viejo- estaba uno de los galpones donde se demostró que la ministra Sandra Petovello retenía toneladas de alimentos que habían sido adquiridos en la gestión anterior para fines sociales.

Comida y cuadernos

De acuerdo a la versión policial, en el allanamiento a la vivienda del hombre de 39 años –que quedó detenido- se encontraron también papeles con anotaciones que certificarían la entrega de los productos a comedores y locales. Tanto los cuadernos como los alimentos quedaron en poder de los investigadores.

El procedimiento fue supervisado por Joaquín Girvau y Roque Yñigo, jefe y subjefe de la Policía tucumana, que se pusieron a disposición de la Fiscalía y del gobernador Osvaldo Jaldo.

En conferencia de prensa y tras el escándalo que generó el caso, Jaldo enfatizó: “No vamos a permitir que se desvíen estos recursos, y si la justicia determina que hubo comercialización ilegal, los responsables deben ser encarcelados”.

En tanto, evitó hablar sobre la posibilidad de complicidades dentro de Desarrollo Social en el reparto fallido de esos alimentos. “Cada vez que intentamos mezclar situaciones, no llegamos a un buen final. Este es un caso claro, que estamos tratando con la seriedad que merece”, dijo.

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, defendió el sistema de distribución de su cartera y aseguró que los alimentos se entregan a organizaciones en grandes cantidades, que luego los distribuyen en bolsones a los beneficiarios. Estas organizaciones están obligadas a presentar listados de los destinatarios y actas firmadas como constancia de entrega, afirmó.

Según consignó el diario local La Gaceta, a partir de la difusión de este caso hubo “un aluvión de denuncias de situaciones similares en otras partes de la provincia. Vecinos aseguran haber visto productos estatales siendo vendidos en ferias locales, lo que subraya un posible problema estructural en la distribución de ayudas sociales”.