En vivo: Diputados continúa debatiendo un proyecto para prevenir y erradicar la violencia institucional

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados realizará hoy una nueva reunión informativa para analizar un proyecto integral contra la violencia institucional, que busca «prevenir y erradicar» estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios. La iniciativa se tratará en una reunión de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara baja que se realizará a partir de las 15 y estará presidida por los legisladores del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky.

El primer encuentro en el cual se analizó esta iniciativa se realizó en pasado 21 de abril, y contó con la participación de los organismos de derechos humanos. En la segunda audiencia asistirán Miriam Medina y Dolores Demonty, integrantes de Madres en Lucha contra la Impunidad, el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Fátima, Manuel Ayrton Blanco Ocampo y la Coordinadora del equipo de Gestión, Área de Trabajo Trans, Travesti y No Binarie, Ivanna Aguilera. También darán su visión sobre este proyecto la activista trans e integrante de los espacio La Nelly y Omar, Nadia Echazú del Movimiento Trans, y la abogada e integrante de la Asociación de abogados litigantes de Formosa, Agostina Villagi.

El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso. La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz». Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad. La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

Según el proyecto, se entiende por violencia institucional «todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas». De acuerdo con la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a «toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias».

Asimismo, el proyecto establece que las víctimas de violencia institucional «tienen derecho a una reparación plena y efectiva que comprenda medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima». También podrán solicitar «acompañamiento psicosocial por parte del Estado» y dispone que cada «jurisdicción deberá instrumentar los mecanismos y protocolos específicos para brindar dicha asistencia».