Seguí en vivo la reunión informativa de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías con organizaciones de familiares de víctimas para tratar un Régimen de prevención y erradicación de casos de violencia institucional.
El primer encuentro en el cual se analizó esta iniciativa se realizó en pasado 21 de abril, y contó con la participación de los organismos de derechos humanos. En la segunda audiencia asistirán Miriam Medina y Dolores Demonty, integrantes de Madres en Lucha contra la Impunidad, el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Fátima, Manuel Ayrton Blanco Ocampo y la Coordinadora del equipo de Gestión, Área de Trabajo Trans, Travesti y No Binarie, Ivanna Aguilera. También darán su visión sobre este proyecto la activista trans e integrante de los espacio La Nelly y Omar, Nadia Echazú del Movimiento Trans, y la abogada e integrante de la Asociación de abogados litigantes de Formosa, Agostina Villagi.
El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso. La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz». Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad. La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.
Según el proyecto, se entiende por violencia institucional «todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas». De acuerdo con la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a «toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias».
Asimismo, el proyecto establece que las víctimas de violencia institucional «tienen derecho a una reparación plena y efectiva que comprenda medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima». También podrán solicitar «acompañamiento psicosocial por parte del Estado» y dispone que cada «jurisdicción deberá instrumentar los mecanismos y protocolos específicos para brindar dicha asistencia».
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