Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados realizará hoy una nueva reunión informativa para analizar un proyecto integral contra la violencia institucional, que busca “prevenir y erradicar” estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios. La iniciativa se tratará en una reunión de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara baja que se realizará a partir de las 15 y estará presidida por los legisladores del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky.

El primer encuentro en el cual se analizó esta iniciativa se realizó en pasado 21 de abril, y contó con la participación de los organismos de derechos humanos. En la segunda audiencia asistirán Miriam Medina y Dolores Demonty, integrantes de Madres en Lucha contra la Impunidad, el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Fátima, Manuel Ayrton Blanco Ocampo y la Coordinadora del equipo de Gestión, Área de Trabajo Trans, Travesti y No Binarie, Ivanna Aguilera. También darán su visión sobre este proyecto la activista trans e integrante de los espacio La Nelly y Omar, Nadia Echazú del Movimiento Trans, y la abogada e integrante de la Asociación de abogados litigantes de Formosa, Agostina Villagi.

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El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso. La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias “con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz”. Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad. La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

Según el proyecto, se entiende por violencia institucional “todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas”. De acuerdo con la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a “toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias”.

Asimismo, el proyecto establece que las víctimas de violencia institucional “tienen derecho a una reparación plena y efectiva que comprenda medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima”. También podrán solicitar “acompañamiento psicosocial por parte del Estado” y dispone que cada “jurisdicción deberá instrumentar los mecanismos y protocolos específicos para brindar dicha asistencia”.