Encrucijada en Chile: ¿la Constitución de Pinochet o una nueva que legitime su modelo?

Este domingo las chilenas y chilenos vuelven a las urnas para darle el visto bueno a otro proceso que busca generar modificaciones a la constitución neoliberal impuesta en 1980 durante el régimen cívico militar que encabezó el dictador Augusto Pinochet. Un nuevo proceso constituyente, pero esta vez muy distinto al emanado tras el estallido social de 2019, que propició una Convención Constitucional, cuyos representantes fueron 100% electos y donde la derecha pinochetista era una minoría marginal sin capacidad de incidencia en un texto final que si bien no sepultaba el modelo de libre mercado, representaba necesarios avances en derechos hacia los pueblos originarios, las mujeres y abría la posibilidad de hacer cambios futuros en relación a la matriz productiva y los recursos estratégicos como el agua, el litio, el cobre, entre otros.

Ese texto fue finalmente rechazado por casi el 62%, el 4 de septiembre de 2022. Las razones de aquella derrota son muchas: tuvo un fuerte impacto la masiva campaña de noticias falsas que generó confusión en el electorado, pero también, en esa votación, se ejercía por primera vez en muchos años el voto obligatorio.

La crisis económica y sanitaria durante y post pandemia mantuvo al país en vilo en una época colmada de elecciones, plebiscito constitucional de entrada, plebiscito constitucional de salida, elecciones presidenciales, senatoriales, de diputados y diputadas, de gobiernos regionales, de consejos regionales, municipales, de alcaldías, todas en menos de dos años. La situación social fue menguando tanto el ímpetu de movilización con que miles salieron a las calles a reclamar por el fin de la gobernanza post dictatorial, gobiernos que se dedicaron a administrar y perfeccionar el modelo económico implantado en dictadura aumentando privatizaciones y concesiones, generando grandes brechas de desigualdad.

Sin embargo, la llegada a La Moneda de Gabriel Boric en 2022 no implicó las grandes transformaciones prometidas por un gobierno colmado de jóvenes que se hicieron figuras públicas en la década anterior como dirigentes estudiantiles. Los anuncios de una presidencia distinta, cuyas banderas y ejes programáticos eran ejercer un gobierno feminista y ecológico se estrellaron con la realidad de un oficialismo debilitado que no tiene mayoría ni en el legislativo, ni medios de comunicación que lo apoyen, ni un pueblo movilizado. El Chile post pandemia, post estallido social, volvió a ser bombardeado por una prensa que se dedicó a generalizar el pánico y forzó al gobierno de Boric a abandonar el sendero proyectado en su programa, acogiendo tímidamente la agenda de la derecha.

Es así como en menos de un año la administración Boric dotó de mayor poder de fuego y mantuvo (por muchísimo más tiempo que Sebastián Piñera) la militarización de las regiones en conflicto con el pueblo mapuche, habilitando estados de excepción constitucional extendido durante todo su gobierno. Por otra parte el ejecutivo no presentó objeciones a la firma del Tratado Transpacífico TPP11 del cual Boric fue un férreo opositor cuando era diputado, sin mencionar que su gobierno dio visto bueno al proyecto de exploración minera Los Bronces rechazado por comunidades y organizaciones ecologistas. Y además firmó la denominada Ley Naín-Retamal (que organismos de DD HH calificaron de “ley de gatillo fácil”) al otorgarle a Carabineros una “legítima defensa privilegiada” para incentivar el uso de armas de servicios, cuando lo estimen.

¿Qué se vota?

Se vota por 50 consejeros y consejeras constitucionales, distinto a la convención constitucional del proceso anterior básicamente por dos cosas: 1) el nuevo órgano constitucional no es totalmente electo, existe una “Comisión Experta” de 24 integrantes, designados por los partidos, quienes tendrán que dar el visto bueno final al proyecto constitucional; 2) los 50 consejeros constitucionales, se votarán de forma similar a las circunscripciones electorales del Senado. Es decir, lo más probable es se parezca de algún modo al conservador senado chileno.

Entonces, teniendo en cuenta que será el comité de expertos designados por partidos quienes tendrán la última palabra, ya hay una mayoría liderada por partidos de derecha —entre ellos Hernán Larraín, con vínculos con la dictadura y con la infausta Colonia Dignidad-. Otro elemento de incertidumbre es el crecimiento y el probable arribo de forma protagónica en este proceso del Partido Republicano, de José Antonio Kast, líder de la extrema derecha.

Desde el gobierno de Boric se sacan cuentas negativas. Este proceso forzado por la derecha y sectores conciliadores de la exconcertación, vaticina un pobre desempeño del oficialismo que, para mayor dificultad, va dividido en dos listas. Mientras, la derecha histórica radicaliza su discurso, para evitar fuga hacia la extrema derecha: su campaña se centró en un discurso antiimigración.  

Según las encuestas, solo el 30% de las personas declaran interés en este nuevo proceso. Así Chile podría enfrentarse a tener que optar por una nueva constitución neoliberal emanada de una mayoría encabezada por la extrema derecha que desde el acuerdo fundacional busca legitimar el modelo neoliberal o rechazar la propuesta y quedarse con la constitución de Pinochet.  «