La medida se dispuso a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y no implica una modificación en el monto final que deberán pagar los usuarios.

La resolución 41 estableció para el trimestre febrero-abril una tarifa media para Edenor de $ 5,452 por kilovatio/hora y en la 42 se fijó un valor para Edesur de $ 5,362 kw/h, lo que representa un incremento del 6,34% y del 6,81% de los niveles vigentes desde el 1º de mayo de 2021, respectivamente. Esos nuevos valores deberán ser tenidos en cuenta para calcular, según el consumo mensual de cada usuario, el monto de subsidio correspondiente.
Las dos normas del Ente precisaron que ese aporte «deberá ser identificado como ‘Subsidio Estado Nacional’ en las facturas de sus personas usuarias». Al 1º de febrero, el costo propio de distribución del total de la facturación estimada se ubica en el 43% para Edenor y en el 39% para Edesur, indicó el ENRE en los considerandos de las respectivas resoluciones.
Los nuevos montos de las tarifas plenas sin subsidio se dieron a conocer dos semanas antes de la realización de la audiencia pública en la que se analizarán las propuestas de las distribuidoras y transportadoras que serán tenidas en cuenta para decidir un nuevo cuadro tarifario. En el marco de las presentaciones de sus proyecciones económico-financieras (PEF), Edenor y Edesur presentaron ayer sendas documentaciones a la interventora del ENRE, Soledad Manín, en la que aseguraron que es «imprescindible» una «adecuación tarifaria».
Partiendo del supuesto de un escenario para todo 2020 sin modificaciones de los actuales cuadros tarifarios, el mantenimiento de la tarifa social y la realización de un plan de inversiones mínimas para el mantenimiento del servicio, Edesur indicó que con esas premisas el flujo de fondos de la compañía tendría un déficit adicional de $ 43.236 millones. Edenor, por su parte, presentó dos escenarios: uno con los supuestos macroeconómicos fijados por el ENRE en base al proyecto de ley de Presupuesto rechazado por la oposición en el Congreso (33% de inflación y dólar a $ 131,10 a fin de año) y otro en base a estimaciones hechas por la propia compañía en octubre del año pasado (46,8% y $ 153,40, respectivamente).
«El resultado de la proyección para 2022 con las variables macro remitidas por el ENRE arroja un déficit de caja de $ 50.849 millones», indicó en referencia a la primera de las opciones. En cuanto a la necesidad de fondos para el segundo escenario, «asciende a un total de $ 56.817 millones adicionales para cubrir el déficit de fondos del período». Las tarifas de electricidad tuvieron un incremento del 9% en mayo del año pasado (20,9% en la fase de distribución), en medio de un congelamiento iniciado en marzo de 2019.
Los subsidios en las tarifas de las distribuidoras de energía eléctrica se asignan a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que en 2021 ascendieron a $ 695.830,9 millones, equivalentes al 66,5% de todos los subsidios destinados al sector energético, según informes de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
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