Entre denuncias de corrupción y una renuncia que no fue, las armas proliferan sin control

«No sé si la renuncia está firmada en su escritorio, si la presentó, si está en proceso de hacerlo o todo esto es humo.» Esa es la situación de Natalia Gambaro, la directora de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex Renar), según las palabras de una de sus íntimas colaboradoras. A principios de semana, diversos periodistas dieron por sentado que había quedado fuera de la gestión, acorralada por un tendal de denuncias de corrupción en su contra. Sin embargo, al cierre de esta edición, la funcionaria seguía en su cargo.

Los rumores comenzaron a circular el lunes. Para el martes, algunos «comunicadores» lo dieron por hecho. El más exaltado por la noticia fue Ángel «Baby» Etchecopar, un ferviente defensor del derecho a armarse: «Echaron a la ineficaz, soberbia, engreída e inútil de Gambaro», disparó en su programa de Radio 10 el hombre que en marzo de 2012 mató a un delincuente que había entrado a robar a su casa de San Isidro. Etchecopar, su hijo y otro asaltante también resultaron baleados.

Ninguna fuente oficial confirmó la información, pero lo sugestivo es que tampoco descartaron de plano su apartamiento. La versión tiene asidero si se tiene en cuenta que el pasado 27 de abril, seis diputados nacionales que responden a Elisa Carrió solicitaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento de la ANMaC, haciendo especial hincapié en la contratación de la empresa Dienst Consulting SA, que maneja una caja estimada de 3500 millones de pesos.

Este hecho político pudo haber implosionado la relación entre el macrismo y Gambaro, que nunca fue PRO pura, ya que supo responder como diputada nacional a Francisco de Narváez y llegó a ser funcionaria de Daniel Scioli gracias a su vínculo con el actual ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, quien era una pieza clave del gabinete del ex motonauta.

Trascendió también que el ministro de Justicia Germán Garavano, de quien depende la ANMaC, le había puesto el ojo al abogado Eugenio Cozzi para ocupar el sillón vacante de Gambaro. Rápidamente, los detractores de la proliferación de armas reprocharon esta elección (ver aparte). Para alejar fantasmas, o para simular que no pasaba nada, el miércoles Garavano tuiteó en su cuenta oficial un video de una recorrida junto a Gambaro por el Banco Nacional de Materiales Controlados, en San Martín. La titular de la ANMaC retuiteó el posteo, acaso para demostrar que le sobran espaldas o bien para continuar con la pantomima.

Fuentes consultadas coincidieron en analizar que Gambaro tiene las horas contadas y que aún no se blanqueó su salida porque el organismo no podría quedar acéfalo. En ese sentido, desde el ala más dura intentarían imponer la figura de Cozzi, un confeso amante de las armas.

Graves denuncias

Gambaro logró que tanto los fanáticos de las armas como quienes se oponen a su uso coincidieran en criticarla. Desde septiembre del año pasado, Dienst Consulting comenzó a otorgar exclusivamente los certificados de aptitud psicofísica para acceder a las credenciales de legítimos usuarios. Pero nunca contó con las sedes necesarias para cubrir todo el país: algunos solicitantes debían recorrer más de 1000 kilómetros para renovar su licencia. Además, el trámite pasó de costar 800 pesos en promedio a más de $ 3500. Estas dos cuestiones han alentado la proliferación de armas ilegales.

Hasta 2016, sólo 321.122 de los 1.009.993 legítimos usuarios tenía su credencial vigente. Es decir, apenas el 31 por ciento. Se cree que la situación empeoró. Para la Red Argentina para el Desarme, «a las 3,5 millones de armas fuera de todo control del Estado se agregan, mes a mes, con la implementación del nuevo sistema, alrededor de 4200 que estaban registradas y dejarán de estarlo. De continuar así, en pocos meses más, el Estado tendrá fuera del sistema más del 90% de las armas que están en manos civiles».

En Comodoro Py analizan el funcionamiento de Dienst Consulting, al igual que el hallazgo –en agosto de 2016– de un arsenal en la sede central de los Supermercados Coto, que desde las altas esferas de la ANMaC habrían intentado ocultarle a la Justicia.

La Red Argentina para el Desarme habla de un retroceso

La Red Argentina para el Desarme, que nuclea a las principales organizaciones que desalientan la tenencia y el uso de las armas, se hizo eco de los rumores de que el abogado Eugenio Cozzi ocuparía el cargo de Natalia Gambaro y salió a cruzar la supuesta decisión emanada del Ministerio de Justicia de Nación: «Tras negarse sistemáticamente a darle recursos propios a la ANMaC, ahora el ministro Garavano dejaría el organismo en manos de los usuarios, vendedores y fabricantes de armas y municiones».

Como legítimo usuario de armas de fuego y experto tirador deportivo, Cozzi fue directivo de ALUTARA, la asociación análoga argentina de la cuestionada National Rifle Association de Estados Unidos. También estuvo a cargo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y se destacó por ser un «crítico de las políticas restrictivas» en cuanto a la proliferación de armas en manos de civiles, según advirtió la Red, desde donde consideraron que «esta designación, de concretarse, marca un nuevo hito en el camino de retroceso en materia de control de armas y municiones».

Las organizaciones críticas de la ANMaC, si bien creen que la gestión de Gambaro tuvo «grandes falencias y omisiones», le reconocen haber «impulsado políticas restrictivas en cuanto a las armas y de promoción del desarme voluntario». Ahora, resta saber qué ocurrirá en los próximos días: si Gambaro ya tomó la decisión de renunciar, si la obligaron a hacerlo y si la designación de Cozzi se trató de una bomba de humo o de sanas intenciones de un sector amante de las armas. Según las fuentes, lo cierto es que se vienen cambios en la ANMaC. «