La entrega de tierras avanza: una nueva ley para desviar la mirada

El paquete de reformas sobre la propiedad privada que envió el gobierno al Congreso incluye, entre otros proyectos de peso, la modificación de la Ley de Tierras Rurales. “Para levantar las restricciones de venta a extranjeros”, indicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de una conferencia donde intentaba –sin demasiado éxito- aplacar el escándalo que protagoniza. El primer objetivo: desviar la mirada de la opinión pública. El segundo: entregar valiosas tierras a empresarios y magnates aliados.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece un límite del 15% a la posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial. El presidente Javier Milei incluyó su derogación en el decreto que lanzó apenas asumido, pero quedó frenado en la Justicia. Ahora van por el mismo objetivo. “Implicaría un blanqueo de todo lo que está ya pasando”, asegura Mauro Millán, lonko mapuche de la comunidad Pillán Mahuiza en Chubut. “Si se modifica, esto no sólo tiene efecto sobre nuestras vidas -porque se venden tierras con gente adentro- sino sobre el aspecto soberano. Pero ya antes que sea modificada están ocupando y quedándose con lagos, como Lewis, con rutas, con las orillas de los ríos como Benetton. Hay una enorme cantidad de extranjeros como los cataríes, que se quedaron con parte de cerros cercanos a Bariloche. La presencia de extranjeros se ha hecho sistemática”, denuncia. Y advierte que la extranjerización tiene un común denominador de conflicto, que es el agua: «Están ocupando lugares absolutamente estratégicos para un futuro no tan lejano”.

El proceso no comenzó con este gobierno. Como demostró el Observatorio de Tierras con su Mapa de la Extranjerización de Tierras en Argentina, obra de investigadores de la UBA y el Conicet, ya existen más de 30 departamentos en el país que superan el límite del 15% de extranjerización permitido. Alertó uno de los creadores del relevamiento, el historiador Matías Oberlin: “No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. Cuando levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa”.

Hoy hay 13 millones de hectáreas en manos foráneas: cerca del 5% del territorio nacional, equivale a la extensión de Inglaterra. Pero sobresalen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado. Mientras el proyecto de reforma llega en el Congreso y en paralelo a la discusión por la modificación de la Ley de Glaciares, el colectivo del Observatorio de Tierras acaba de publicar una actualización del mapa y un nuevo informe, que vincula extractivismo y extranjerización. “Los espacios que concentran las principales reservas de agua dulce coinciden con zonas donde se intensifican las presiones extractivas y donde la presencia de capital extranjero adquiere mayor peso”, advierten.

Entre muchos ejemplos señalan el caso de General Lamadrid, en La Rioja, donde “alrededor del 57% de la superficie rural está en manos extranjeras y existen seis proyectos mineros previstos, varios vinculados a capitales de origen canadiense, localizados en zonas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares”. El departamento de Cushamen, en Chubut, fue uno de los focos de los incendios forestales recientes y cuenta con más de 370 mil hectáreas en manos extranjeras, sobre todo italianas. El lugar posee más de 13 mil hectáreas de glaciares, con cuatro proyectos mineros y decenas de comunidades indígenas en la zona.

“Lejos de tratarse de casos aislados, estos ejemplos muestran un patrón de apropiación territorial en espacios estratégicos. Allí donde se localizan bienes comunes críticos como el agua, avanzan de manera simultánea proyectos extractivos, capitales transnacionales y procesos de concentración de la tierra, configurando escenarios donde la disputa por los recursos se traduce también en una pérdida efectiva de soberanía”, señala el nuevo informe.

«En el problema de la tierra y el agua está en disputa nuestro futuro como especie y el avance de la concentración y la mercantilización pone en riesgo no sólo la soberanía sino la vida misma de las comunidades”, completa Oberlin.«