«Eran muertes evitables, podemos llamarlas femicidios de Estado»

Se llamaba María Campos y fue una de las primeras mujeres que murieron este año por abortos clandestinos en la Argentina. Tenía 37 años y seis hijos. Vivía en La Candelaria, un pueblo rural del municipio de Villa Matoque, en el norte de la provincia de Santiago del Estero. Llegó al Hospital Regional con una infección generalizada, producto de una interrupción de su embarazado practicada con una sonda. Su estado ya era grave cuando llegó al centro de salud de San José de Boquerón, a 40 kilómetros de su casa. Como allí no podían atender su cuadro, decidieron derivarla a la capital, otros 300 kilómetros, en una ambulancia en la que no le permitieron viajar a su marido, porque se trataba de «asuntos ginecológicos». Al poco tiempo de ingresar al hospital, María murió.

La periodista Mariana Carbajal presentó su caso durante las exposiciones en el plenario de comisiones de Diputados, antes de que se aprobara la media sanción del proyecto de aborto legal, luego rechazado por el Senado. Allí mostró una selfie de María rodeada por sus hijos.

En abril, también en Santiago, los medios locales revelaron apenas las iniciales de una vecina del Barrio La Católica de la capital provincial. M. V. quería abortar porque su pareja, al saber que estaba embarazada, iba a dejarla. Murió.

La madrugada del miércoles 4 de julio, una mujer de 27 años ingresó al hospital de Perugorría, una pequeña localidad correntina en el departamento de Curuzú Cuatiá, con una complicación por un aborto. Había estado siete días con hemorragia y llegó casi desangrada. Sin recursos para atenderla en Perugorría, la trasladaron al hospital de Goya, donde murió en terapia intensiva horas después de haber ingresado. Según revelaron los médicos, no acudió antes porque una amiga le había recomendado que hiciera reposo. Tenía dos hijos, de diez y siete años. Faltaban días para el debate en el Senado.

Liliana Herrera, 22 años, también santigueña, llegó el viernes 3 de agosto desde Las Lomitas, un paraje de Loreto, al hospital regional de Santiago del Estero, en grave estado y con una infección generalizada luego de haberse realizado un aborto clandestino. Tuvo varios paros cardiorrespiratorios mientras los médicos le practicaban una cirugía de urgencia para extraerle el útero. Superó la operación pero murió horas después.

El fin de semana siguiente, y apenas rechazada la ley de interrupción voluntaria del embarazo, Romina Fernández era internada en el hospital Juan C. Sanguinetti, de Pilar, con síntomas de una infección avanzada. A la familia le dijeron que estaba bajo control, pero murió el sábado 11 de agosto.

Por la misma fecha se conoció, también en provincia de Buenos Aires, la muerte de Elizabeth, 34 años y mamá de un hijo, que había ingresado al hospital Belgrano, de San Martín, con un cuadro grave de septicemia producto de un aborto clandestino que se provocó con un tallo de perejil, en su casa. La tuvieron en una shock room porque no había lugar en terapia intensiva. Los médicos intentaron durante todo el domingo un traslado para que recibiera la atención que necesitaba, pero no encontraron dónde derivarla. Veinticuatro horas después llegó al hospital Magdalena V. de Martínez, de General Pacheco, donde murió a horas de su ingreso. Le sacaron el útero pero no lograron frenar la infección.

Seis muertes, algunas con nombre, con rostro, otras no, todas víctimas de la clandestinidad. Las últimas dos, a horas del oprobio en el Senado, motivaron que el Observatorio de la Violencia contra las mujeres Ni Una Menos anunciara la creación de un registro nacional de mujeres muertas por abortos clandestinos.

«Es importante registrar todas y cada una las muertes por abortos clandestinos, porque es un hecho que el debate se instaló fuertemente a la sociedad y que la demanda de una ley que legalice el aborto es masiva», expresa Raquel Vivanco, coordinadora nacional de MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) y presidenta del observatorio que computa los femicidios. «No es casual que en menos de un mes, durante las plenarias y luego del rechazo del proyecto en la Cámara Alta, tengamos tres mujeres muertas como consecuencia de abortos clandestinos. Tuvieron muertes totalmente evitables, por lo que podemos denominarlas femicidios de Estado».

La gobernadora María Eugenia Vidal tuvo una reacción muy distinta tras los casos de Elizabeth y Romina: despidió a Estela Sánchez, responsable de coordinar el área de Salud Sexual y Reproductiva en la zona norte del Conurbano, y quien había visibilizado esas muertes. «