Los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero, vinculados a los donantes originales, presentaron una medida cautelar para impedir que la reliquia pase del Museo Histórico al Regimiento de Granaderos. Señalan el riesgo de una restricción del acceso público a la pieza y la generación de un precedente negativo.
Mercedes Terrero, Sebastián Terrero, María Rosa Terrero, Malena Terrero y Candelaria Domínguez Cossio (hija de María Rosa) solicitaron una medida de no innovar para suspender el traslado y denunciaron que no fueron consultados previamente. El expediente quedó en manos de la jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Nº12 del Fuero Contencioso Administrativo.
Entre sus argumentos, los demandantes sostienen que la voluntad original establecía de manera explícita al Museo Histórico Nacional como «depositario final» de la pieza. Para respaldar su posición, citan documentación histórica clave, entre ella una carta de Manuela Rosas dirigida al entonces director del MHN, Adolfo Carranza, fechada el 31 de enero de 1897, así como la correspondencia mantenida entre Carranza y Máximo Terrero.
Los herederos también advierten sobre posibles consecuencias del traslado. Señalan el riesgo de una restricción del acceso público al sable, la eventual apropiación política de un símbolo patrio y la generación de un precedente negativo que podría desalentar futuras donaciones privadas a instituciones culturales del Estado. Como alternativa, proponen que el sable original permanezca en el MHN y que el Regimiento de Granaderos conserve la réplica realizada por el orfebre Juan Carlos Pallarols.
El Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, general Carlos Presti, dispuso el traslado del Sable Corvo de San Martín, una pieza histórica que fuera entregada por el propio libertador a Juan Manuel de Rosas y donada al Estado argentino en 1897 con la condición de ser exhibida y preservada en el Museo Histórico Nacional.
Luego de la decisión oficial, la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable.
Por su parte, la diputada nacional por Córdoba Natalia de la Sota presentó un proyecto de ley que establece la permanencia del Sable Corvo de San Martín en el Museo Histórico Nacional, a la vez que deroga el decreto 81/2026 que dispuso su traslado al Regimiento de Granaderos.
En tanto, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (ASAiH) expresó su “rechazo” a la decisión del Gobierno nacional de trasladar el Sable Corvo al cuartel militar del Regimiento de Granaderos a Caballo.
“Por un lado, la disposición contraviene el decreto presidencial de 1897, que acepta la donación de la reliquia a la Nación Argentina por parte de sus últimos poseedores y establece como destino el Museo Histórico Nacional, institución pública, civil y abierta a la ciudadanía”, explicaron en un comunicado.
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