La compañía impulsó una encuesta donde instaba a los empleados a declarar su filiación política. La CTA local asegura que fue en respuesta a un proceso de sindicalización.
En concreto, se les pedía que declararan si ocupaban o habían ocupado algún cargo o función en algún partido político o, incluso, para el gobierno en cualquiera de sus estamentos.
La denuncia fue realizada por la CTA de Pilar que, aseguró a ese portal que, como resultado de su pedido público de explicación, la compañía se vio obligada a retirar de circulación la encuesta que circulo el jueves último. Allí, además, se indagaba sobre la supuesta conexión de los empleados y sus familiares con relación a empresas de la competencia, empresas de salud y otras entidades del ramo.
Lo más sugestivo es que la polémica encuesta se produjo en el marco de un proceso de reorganización sindical que se estaría viviendo al interior de la planta ubicada en el km 63 de la Ruta 8. Allí, aseguran fuentes de la CTA, se están enfrentando prácticas de precarización y tercerización laboral.
La Central sindical, en un comunicado, asegura que ese acción de la empresa está explícitamente vedada por el artículo 73 de la Ley de Contrato de Trabajo, es violatoria de la Constitución Nacional en sus artículos 16 y 43, del artículo 17 de la mencionada LCT, de la ley 23.592, del Convenio 111 de la OIT. Es violatoria de todo el orden jurídico y un nuevo avasallamiento al derecho de los trabajadores. dicen.
Por ese motivo exigen a los diferentes organismos del estado a castigar debidamente tal actitud.
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