La denuncia fue realizada por el sindicato de la construcción de Uruguay y apunta contra la firma Wasy, subcontratada por CRIBA. El caso podría ser caratulado como privación de la libertad agravada por el contexto laboral.

El proyecto Cipriani, que transforma el antiguo Hotel San Rafael en un lujoso resort con casino y residencias, es ejecutado por CRIBA S.A. Uruguay, filial de la gigante constructora argentina CRIBA.
Esta empresa familiar, fundada hace más de 70 años por Alberto Tarasido en Buenos Aires, se ha posicionado como líder en obras de ingeniería y arquitectura en Argentina y Uruguay. Con presencia en el mercado uruguayo desde hace más de una década, CRIBA ha participado en proyectos icónicos, consolidando su expansión regional.
En este caso, CRIBA subcontrató a Wassy para tareas específicas como trabajos en piedra y techos, lo que establece una conexión directa pero contractual: Wassy opera bajo la supervisión de CRIBA, sin evidencia de propiedad o fusión entre ambas.
Según relatos de delegados del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) en Maldonado, liderados por el secretario general Michael Pistone, los obreros peruanos no habían reportado antes estas condiciones por temor a represalias. «Nos llegó un video realizado por los propios compañeros peruanos, donde denuncian que la empresa los había dejado encerrados», explicó Pistone en declaraciones recogidas por medios locales como Cadena del Mar. Tras la revelación, los delegados sindicales actuaron rápidamente, formalizando la denuncia policial.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Uruguay, a cargo del Inspector General Luis Puig, confirmó inspecciones en el sitio tanto antes como después de que la denuncia se hiciera pública. «Hemos realizado inspecciones estos días, incluso antes de que se hiciera pública la denuncia», afirmó Puig, aunque evitó detalles por tratarse de un expediente en curso.
La normativa uruguaya sobre tercerización laboral impone responsabilidad solidaria a la empresa principal, en este caso CRIBA S.A. Uruguay, por las obligaciones hacia los trabajadores subcontratados. Si se confirman violaciones, podrían derivar en sanciones penales.
Desde el sindicato, la respuesta fue contundente: en asamblea, los trabajadores declararon «persona no grata» al dueño de Wassy, aunque la subcontratista continúa operando en la obra. Y anunció que profundizará investigaciones en otros contratos del proyecto para garantizar condiciones de bienestar, alojamiento y derechos laborales. «La empresa madre, CRIBA S.A. Uruguay, es la que tiene que garantizar las condiciones», enfatizaron desde el gremio.
Este incidente expone las vulnerabilidades en la cadena de subcontrataciones en grandes proyectos inmobiliarios. CRIBA, con su trayectoria en Argentina –donde ha ejecutado obras emblemáticas y recibido contratos millonarios del gobierno porteño– y su crecimiento en Uruguay, enfrenta ahora escrutinio por la gestión de sus aliados.
Fuentes sindicales destacaron que, pese a la resolución inmediata –los obreros ya pueden salir libremente–, el caso subraya la necesidad de mayor fiscalización en un sector donde la mano de obra extranjera es común.
Expertos en derecho laboral uruguayo advierten que, si se prueba el encierro como medida coercitiva, podría configurarse un delito de privación de libertad, agravado por el contexto laboral. Mientras tanto, el MTSS avanza en determinar responsabilidades, y el sindicato mantiene vigilancia.
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