Ajuste, subejecución y desregulación: las políticas sanitarias en 2 años de gestión Milei

El ajuste en salud es una marca registrada de la gestión de Milei. Retracción del gasto, marcada subejecución, desarticulación y desfinanciamiento de programas y hospitales nacionales, derivación a provincias –incrementando la desigualdad- y desregulación son algunas de las características de la gestión en salud de los dos primeros años del gobierno de Javier Milei, según un informe elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria.

“Durante el período 2024 y 2025, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de la Nación se caracteriza por una contracción significativa de los recursos en términos reales, acompañada por elevados niveles de subejecución. Este patrón no solo refleja una reducción del gasto sanitario, sino también una pérdida de capacidad de gestión y de rectoría del sistema por parte del Estado nacional”, plantea el documento. Y refleja que “entre 2023 y 2024, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud registra una caída real del 31%. En 2025 se observa una nueva reducción del 13% respecto del año anterior, acumulando una disminución real del 34% en relación con 2023”.

El informe repasa que en 2024 el presupuesto ejecutado en programas sanitarios del Ministerio de Salud cayó un 35% en términos reales. Entre los programas más afectados por el ajuste se señala SUMAR –que brinda cobertura de salud a todas las personas que no cuentan con obra social ni prepaga- con una caída del 28%. En 2025, la baja se modera pero continúa, con una reducción real del 14% respecto del año anterior.

Por su parte, el Programa de VIH registra “una reducción real cercana al 50% en 2024, mientras que en 2025 el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles presenta una caída del 30%, afectando partidas directamente asociadas a la distribución de vacunas del Calendario Nacional”. Este ajuste se dio en paralelo a un resurgimiento de enfermedades como el sarampión y la tos convulsa (que ya causó la muerte de diez bebés en el país) por bajas coberturas de vacunación.

“Estas decisiones se inscriben en un proceso más amplio de desarticulación de políticas sanitarias nacionales, que incluye el cierre o debilitamiento de programas orientados al trabajo territorial, la producción de conocimiento y la prevención, trasladando crecientemente la responsabilidad de sostener estas acciones a las provincias y profundizando las desigualdades entre jurisdicciones”, concluye Fundación Sanitaria.

En las últimas horas, quedó en el centro del debate la situación sobre el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC). El despido de tres de sus siete profesionales a cargo generó repudio y acusaciones por “desmantelamiento” al Ministerio de Salud, que negó el cierre, pero confirmó el ajuste.

Luego, la cartera sanitaria nacional informó sobre el “fortalecimiento” de tal programa, anunciando la “incorporación” a la red de hospitales que ya formaban parte del circuito. La comunidad de familias que impulsó el Programa y denuncia su vaciamiento y ajuste sigue convocando a un banderazo en su defensa, el próximo primero de febrero.

El ajuste golpea a los hospitales nacionales

El informe detalla el impacto de las políticas de ajuste del Estado Nacional sobre los hospitales que dependen del Ministerio de Salud. “El Hospital Posadas, que concentra aproximadamente dos tercios del presupuesto total en hospitales nacionales, ejecutó en 2024 un presupuesto que, en términos reales, implicó una reducción del 32% respecto de 2023”, detalla el relevamiento.

En cuanto al Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, que estuvo al borde del cierre y cuyos trabajadores siguen denunciando despidos y vaciamiento, “la reducción acumulada del gasto en términos reales, entre 2023 y 2026 alcanza el 46%, profundizando el deterioro de la capacidad de atención en un área crítica como la salud mental y las adicciones”.

Además, el reporte da cuenta de “la derogación de los sistemas nacionales de facturación, evaluación y auditoría para hospitales públicos de gestión descentralizada, lo que redujo la capacidad de los efectores para recuperar costos por prestaciones brindadas a pacientes con cobertura de la seguridad social”. Un combo que “incrementa la vulnerabilidad financiera de los hospitales públicos”.

En los hospitales bajo la modalidad de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), entre 2023 y 2025, las transferencias del Ministerio de Salud de la Nación “se redujeron en términos reales un 17% en el total agregado, con caídas significativas en establecimientos estratégicos como Garrahan, El Cruce, El Calafate y Esteban Echeverría”. El ajuste en el hospital pediátrico de alta complejidad, de hecho, signó los dos primeros años del gobierno de Milei en materia sanitaria.

Menos acceso a medicamentos

En cuanto al acceso a los remedios, Fundación Sanitaria denuncia que el ajuste “de Javier Milei se caracteriza por una retracción del rol del Estado en la provisión, regulación y financiamiento de medicamentos esenciales, con impactos directos sobre el acceso, la continuidad de los tratamientos y el gasto de bolsillo de la población”.

Por caso, se plasma una “reducción significativa” en la distribución de medicamentos del programa REMEDIAR y una “disminución en la entrega de tratamientos oncológicos de alto costo”. Cabe recordar que uno de los primeros reclamos que estalló contra el gobierno de Milei fue por interrupciones en la entrega de tratamientos oncológicos por parte de la ya inexistente Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), reconvertida luego en Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC).

Otro factor clave del ajuste en salud tiene que ver con la modificación de los esquemas de cobertura de medicamentos del PAMI. “Entre fines de 2023 y 2025, el gasto de bolsillo de los afiliados aumentó muy por encima de la inflación general y de la evolución de los haberes jubilatorios, como consecuencia de cambios en el precio de referencia y de la eliminación de coberturas plenas para medicamentos de uso frecuente”, apunta el informe. Según el relevamiento, el aumento acumulado del gasto de bolsillo de los afiliados de PAMI subió un 477% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.

Esto se traduce también en “una caída sostenida del consumo de medicamentos bajo receta, particularmente entre los afiliados de PAMI”. En el mismo período, la facturación de las farmacéuticas escaló. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) indicó –según consignó revista Acción- que en el tercer trimestre de 2025 se vendieron 5,4 millones de medicamentos menos que en el mismo período de 2023. Pero en el mismo lapso la facturación de las farmacéuticas creció un 14% en términos reales.

En materia de salud sexual y reproductiva, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable redujo la provisión de preservativos y anticonceptivos: “Los preservativos tuvieron una distribución inestable durante el período analizado, variando entre 10 y 24 millones de unidades anuales, aunque también bajan sustantivamente en 2024, alcanzando sólo 2,4 millones”, indica el informe. Este ajuste se da en un contexto de fuerte aumento de enfermedades de transmisión sexual: los casos de sífilis, según los últimos reportes oficiales, crecieron un 71% en 2025.

Residentes en el blanco

El informe señala el impacto negativo del ajuste en la educación técnica para el plano sanitario. Apunta además al “debilitamiento del sistema de residencias, principal dispositivo de formación de posgrado de los profesionales de la salud”.

El ajuste fue eje de una de las crisis que atravesó la gestión de Mario Lugones en Salud. En 2025, la Resolución 2109/2025 redefinió el vínculo de los residentes como “beca”, excluyendo cualquier encuadre laboral y profundizando la precarización. Además, tras irregularidades detectadas en el Examen Único de ingreso, se resolvió su desarticulación y la provincialización del proceso de selección a partir de 2026.

“Esta decisión implica la pérdida de un instrumento nacional que garantizaba criterios comunes de evaluación, reducía barreras económicas y territoriales de acceso y aportaba información estratégica para la planificación sanitaria”, advierte la Fundación.

Cabe señalar, además, que el pago a residentes dependientes de Nación sigue registrando complicaciones: hasta mediados de enero hay reclamos por pagos pendientes desde septiembre.

“En conjunto, el desfinanciamiento de la formación técnica, la precarización del sistema de residencias y la fragmentación del acceso a la formación de posgrado configuran un proceso de debilitamiento estructural de la fuerza laboral en salud. Estas decisiones se superponen con recortes a los establecimientos formadores y comprometen la capacidad del sistema sanitario para responder de manera equitativa y sostenida a las necesidades de la población”.