Escuelas, no cuarteles. (Una respuesta urgente)

Al respecto, lo primero que salta a la vista, es la insólita pretensión de desarrollar tareas educativas y formativas en cuarteles, en el marco de una fuerza de seguridad y cuyo programa dependa del Ministerio de Seguridad.

Es la escuela y son las instituciones educativas a las que les corresponde la tarea de educar en valores para la vida y la formación para la ciudadanía y el trabajo. ¿Lo haría mejor un cuartel?

En los “Considerandos” de la Resolución se expresa la intención de que desde “el Estado se impulsen medidas que ofrezcan oportunidades a jóvenes para que, conforme la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, puedan desarrollar sus potencialidades y lograr la máxima satisfacción, integral y simultánea, de sus derechos y garantías”, objetivos loables y compartibles, pero estas tareas son competencia de las instituciones de educación, principalmente, y de otras como salud, empleo y cultura. Son ellas las que deben fortalecerse, con políticas públicas que garanticen y amplíen derechos y una inversión que no desmienta el discurso.

No la Gendarmería Nacional, cuyas misiones son otras, “una Fuerza de Seguridad, de naturaleza Militar que cumple su misión y sus funciones en el marco de la Seguridad Interior”, como puede leerse en su propia web. Por otra parte, es la misma institución, cuyas acciones represivas -en los últimos tiempos- tuvieron como consecuencia de su acción la muerte de jóvenes, como el caso de Santiago Maldonado. En 1995, el asesinato del soldado Omar Carrasco, por parte de efectivos del ejército llevó a la suspensión del SMO. No puede hoy, una fuerza comprometida en acciones represivas, pretender ser quien dote de valores ciudadanos a los jóvenes.

La creación de este insólito Servicio parece orientarse a cimentar el regreso del Servicio Militar, cuando asimismo se propone realizarlo en escuadrones y comandos, en los que, además, el recuerdo de la muerte sigue presente.

Tampoco puede eludirse su creación en plena campaña electoral, siendo que un proyecto de estas características, debería partir de un amplio debate que incluya al conjunto de las fuerzas políticas y sociales, y la eventual sanción de una ley. No parece ser, ni el mejor momento, ni los mejores métodos democráticos y republicanos a los que aluden sus autores.

Podríamos agregar que la lucha contra el narcotráfico, que toda la sociedad comparte, no tiene mayor sentido como argumento para la creación de tal servicio, su justificación en este punto es simplemente absurda.

Vale aclarar que los jóvenes que “no estudian ni trabajan, mal llamados “ni-ni”, no lo hacen autoexcluyéndose del estudio y del trabajo, sino, que han sido excluidos de los mismos, por el Estado y por políticas de gobierno. En todo caso, deberían llamarse “Sin – Sin”, es decir, sin educación y sin trabajo, y atribuir esta responsabilidad a quienes corresponden. Claramente no a las y los jóvenes.

Rechazamos la creación de este Servicio destinado a los jóvenes, insistimos que los derechos de las y los jóvenes implican el fortalecimiento de los ámbitos e instituciones propiamente educativas, de cultura, salud y empleo, y la mejora de las condiciones de vida de la población en general.

Aprovechamos el debate que esta ocasión exige, para reclamar por la eliminación definitiva del SMO.