Espionaje ilegal: Macri recusó al juez y busca ganar tiempo

El ex presidente Mauricio Macri presentó formalmente este miércoles el pedido de postergación de la declaración indagatoria a la que lo convocó el juez Martín Bava, por presunto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan, pero además reclamó que sea otro magistrado el que, de ahora en más, se haga cargo del expediente.

A través de su abogado, Pablo Lanusse, Macri concretó lo que anunció en la víspera mediante un hilo de Twitter: no se presentó, sostuvo que es víctima de una persecución política, responsabilizó de ello al juez y al gobierno y, de esa manera, buscó ganar tiempo.

El escrito no está aun formalmente registrado en el sistema informático del Poder Judicial. Sin embargo, sus términos ya trascendieron antes en los medios que en el expediente. Como si existiera un nuevo fuero judicial, el “periodístico”, y un nuevo Código Procesal que facilitara las declaraciones testimoniales y descargos a través de las redes sociales, el ex presidente sostuvo que el juez interino de Dolores, Martín Bava, es una suerte de ariete de una persecución en su contra. Sostiene que es “parcial” y que –en su caso- ya prejuzgó. Según Macri, el juez “evidencia un posicionamiento de interés personal frente al caso concreto”.

«Entrometiéndose nuevamente en investigaciones que no están a su cargo, da por cierto hechos que aún se encuentran en etapa de instrucción», escribió Macri.

En rigor, Bava dio por probados los hechos en relación con los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y otros dos agentes de inteligencia, a quienes procesó. Si no hubiera considerado que, en esta etapa del proceso, existen elementos suficientes para agravar su situación procesal, debió haberlos sobreseído o dictado las respectivas faltas de mérito. Es una consecuencia lógica de una investigación que, si el instructor evalúa que los hechos se cometieron, dicte el procesamiento de quienes considera sus responsables, previo a escucharlos en indagatoria.

Eso fue lo que ocurrió con Arribas y Majdalani; no así con Macri, a quien  -justamente- llamó a indagatoria para escuchar su defensa (porque la indagatoria es el principal acto de defensa con que cuenta un acusado de un delito).

Esta madrugada, por vía digital, la abogada querellante, Valeria Carreras, pidió la detención de Macri. Invocó “riesgos procesales” y, también, “la burla” al sistema judicial, “nuevamente afectando a las víctimas, pero también una muestra evidente del desprecio por las instituciones y, especialmente, el destrato y maltrato al Juez”.

“Represento a un gran número de familiares y a cinco de las siete mujeres sobre las que se realizó inteligencia ilegal, sin olvidar que son familiares directos que primero perdieron un ser amado a manos del Estado, el mismo Estado que era gobernado por quien las mandó espiar o quien se benefició con esas tareas de inteligencia. Dichas familias saben que se enfrentan a un poder inmenso, que las representa una humilde abogada de barrio, que no disponen de medios económicos ni de medios de difusión y que fundamentalmente, tienen miedo. (…) Saben que en caso de dejar sin conducirlo por la fuerza pública a prestar declaración a Macri o al menos que cumpla como cualquier ciudadano, quedará impune por siempre”, sostiene el escrito.