Los cuatro jueces de la Corte Suprema se excusaron de intervenir en la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, que según la Cámara Federal respondió a una conducta de agentes marginales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) definidos como “cuentapropistas”.
El máximo tribunal adoptó hoy tres resoluciones en las que, invocando media docena de incidentes dentro de una misma causa, coincidieron: “nos excusamos de intervenir por las razones allí expresadas”.
Las resoluciones son muy breves: tienen apenas un párrafo y no explican en sí mismas las razones por las que los cuatro jueces decidieron voluntariamente apartarse de la causa que estalló en 2020 en los tribunales federales de Lomas de Zamora, con la intervención del juez federal de ese distrito Federico Villena.
El magistrado de Lomas detectó, a partir de la declaración de un involucrado en una causa por drogas, una matriz de espionaje ilegal que involucraba a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y otros dirigentes kirchneristas, pero también a dirigentes de Cambiemos, entre otros el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su entonces vicejefe y hoy diputado nacional bonaerense Diego Santilli. La lista incluía dirigentes sociales, sindicales, eclesiásticos, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos y, también, ex funcionarios y dirigentes del gobierno 2003 – 2015 encarcelados en el penal de Ezeiza.
La lista de presuntos espiados incluía, en esa primera instancia de instrucción de la causa, al hoy presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y al vicepresidente, Carlos Rosenkrantz. De hecho, sobre Rosenkrantz aparecieron en los dispositivos secuestrados por el juez Villena fotografías en una confitería porteña, ataviado con ropa deportiva y una gorra, en una supuesta reunión privada. Los agentes de la AFI que lo siguieron (en su mayoría ex agentes de la Policía de la Ciudad contratados en la central de inteligencia durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani) lo confundieron con el juez de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun.
Una de las tres resoluciones tiene que ver con un planteo del ex secretario privado de Mauricio Macri y actual legislador bonaerense Darío Nieto, quien viene objetando en todas las instancias judiciales el operativo en el que fue allanado y le fue secuestrado su teléfono celular. De hecho, aún está en litigio si la información obtenida de ese aparato puede o no ser utilizada en el marco de la investigación. Hasta ahora, la respuesta fue negativa.
Los otros planteos tienen que ver con los “cuentapropistas”, especialmente el abogado Facundo Melo. Una presentación de su abogado, Fernando Sicilia, a mediados de 2020, consiguió que la Cámara Federal de La Plata apartara de la investigación al juez Villena.
Durante más de un año el expediente estuvo en manos del también juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé hasta que la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, resolvió que aterrizara en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Actualmente la lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y de aquellos bríos iniciales de la investigación queda poco y nada.
La excusación de los jueces de la Corte obligará a que, ante cada incidencia en la que el máximo tribunal deba resolver (hay decenas de incidentes por distintas razones presentadas por las partes), sea necesario recurrir a conjueces.
Serán elegidos entre los presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país y fungirán como magistrados de la Corte Suprema sólo para esa causa.
