La empresa en cuestión tiene como directora ejecutiva a María Roulillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Federico Sturzenegger y su esposa, Josefina Rouillet
Según publica el portal ElDiarioAR bajo una volanta que indica «motosierra desafilada«, el convenio se quintuplicó en la época más dura de la consigna «no hay plata». La inflación de ese período fue del 276%; es decir, el aumento fue un 44% superior a la inflación.
Según había publicado la Agencia Noticias Argentinas, la AACI tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al menos desde septiembre de 2020.
La contratación se tramitó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad y, debido a ese vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Según consta en los documentos oficiales, la propuesta presentada por la AACI al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fue preparada por la esposa de Sturzenegger.
La Cancillería dejó constancia de que, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, surgió un «vínculo positivo» entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional.
La Oficina Anticorrupción (OA) incorporó un dictamen en el expediente que encuadró el vínculo como «familiar (matrimonio)» entre Sturzenegger y Rouillet. En función de esto, el área de Compras y Contrataciones del Ministerio informó la situación tanto a la OA como a la SIGEN y recomendó la adopción de un «mecanismo adicional de transparencia» o Pacto de Integridad.
Se trata de un acuerdo formal y obligatorio entre la entidad estatal contratante y la entidad contratada, diseñado para garantizar transparencia y prevenir corrupción, sobornos y conflictos de interés en procesos de contratación pública y compromete a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos.
El objeto consignado es un «curso de capacitación» y el pliego detalla un cupo total de 132 agentes a capacitar durante 2026. La modalidad prevista es presencial, con dictado en la sede de la AACI, en Suipacha 1333 (Retiro, CABA).
Las presentaciones contra Sturzenegger llevan la firma de José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, de la organización Reset Republicano; de Alejandro Sebastián Díaz Pascual, titular de la Asociación Arco Social; y de la senadora nacional del bloque Justicialista Juliana Di Tullio, respectivamente.
El eje de las tres denuncias es el mismo: piden que la Justicia investigue la adjudicación que hizo Cancillería en favor de la AACI por $114.044.133 para capacitaciones en inglés del personal diplomático. Dicha adjudicación se había tramitado en el marco de una adjudicación simple en la que se activó la intervención de la Oficina Anticorrupción debido al vínculo de su directora con Sturzenegger, aunque solo motivó un “Pacto de Integridad”.
Las denuncias sorteadas el miércoles pasado recayeron en los Juzgados a cargo de Sebastián Ramos y de María Servini. Como se trata de presentaciones similares, lo esperable es que se unifiquen en un mismo Juzgado que podría ser el número 2, a cargo de Ramos, ya que allí quedó sorteada la primera de las presentaciones.
Esa presentación, a cargo de Díaz Pascual, es por la supuesta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Además de Sturzenegger, fue denunciada su esposa y el canciller Pablo Quirno.
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