Estatuto del Periodista: derogación y libertad de expresión en riesgo

La libertad de conciencia, pensamiento y expresión de los periodistas, los riesgos políticos y físicos del profesional, los despidos arbitrarios, el libre acceso a las fuentes y más días de vacaciones en relación a otras actividades son apenas algunas de las protecciones que contiene el Estatuto del Periodista. Creado hace más de 80 años, la Ley 12.908 es una norma central para garantizar el libre ejercicio de la profesión de forma cotidiana y concreta. Sus 84 artículos no sólo regulan la actividad, sino que contribuyen con el derecho humano de la sociedad a estar informada y resguardan al oficio como un pilar de la democracia.

“El intento de derogación del Estatuto del Periodista es otro ataque artero a los periodistas, a los que Milei dice que no odia lo suficiente”, dice Mariano Obarrio -de larga trayectoria en distintos medios escritos, radiales y televisivos- sobre la eliminación incluida en el proyecto de ley de reforma laboral del gobierno nacional.

Después de la incesante circulación de borradores, el jueves Milei firmó el proyecto y confirmó la presencia de la Ley 12.908 en el capítulo final de “Derogaciones”. Por estos días, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) estudia el tema antes de pronunciarse. Fernando Stanich, su flamante presidente electo a fines de noviembre, adelanta: “No somos una entidad gremial, pero sí nos preocupa cualquier desregulación que pueda vulnerar derechos y agudizar más la crisis del periodismo. La precarización laboral impacta directamente en la calidad periodística”.

Especializada en política y autora de libros como Apold, el inventor del peronismo y El relato peronista, Silvia Mercado trabaja como acreditada en Casa Rosada por Radio Jai. “No dudo de que el periodismo, más allá de ideologías, estará unido para defender nuestros derechos y la libertad de expresión. También lo harán las empresas”, evalúa en base a su experiencia en medios como Página/12, Infobae, El Cronista, A24 y LaNación+, entre otros.

“Estoy en contra, no entiendo cómo la única alternativa que manejan es derogar. Creo en la conversación de las partes para pulir y actualizar un convenio, pero nunca eliminarlo. Ni invisibilizar una cantidad de derechos que están instalados hace años”, refuerza Ariel Senosiain, comentarista de la señal deportiva TyC Sports y autor del libro Messi, el genio completo. Tanto Sipreba como Fatpren hace varios años proponen debatir los desafíos impuestos por el teletrabajo o la inteligencia artificial, pero las cámaras empresarias no muestran interés en tratarlo en una mesa con las organizaciones sindicales.

“La libertad de prensa y la libertad de pensamiento son derechos inalienables”, dice el artículo 5 del Estatuto del Periodista. Los mecanismos de matriculación de los trabajadores, la duración de las jornadas laborales, los descansos, las categorías profesionales y sus regímenes salariales son otros de los puntos definidos -y defendidos- por la norma creada en 1944. Desde entonces, el derecho a la “estabilidad” y a las indemnizaciones especiales -superiores a otras actividades- son piedras en los zapatos de las patronales de medios. Ambos -al igual que el período de prueba de 30 días cómo máximo- cumplen un rol central para resguardar la profesión como base de la libertad de expresión. “Nos hace inmunes a las presiones políticas, estableciendo que ningún empleado puede ser separado de sus funciones sin una causa grave justificada y que las promociones deben seguir un riguroso orden de escalafón”, precisa Obarrio acerca del sentido protectorio de la regulación que Milei intenta pulverizar.

La nueva avanzada del gobierno sobre el periodismo cosechó rechazo, tanto a nivel nacional en universidades, gremios y colegas, como internacional, en las organizaciones internacionales de periodistas FIP y Fepalc -presente en 13 países de América Latina y el Caribe-. El proyecto oficial también elimina el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas y artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fijan impuestos a las señales audiovisuales con la que se sostienen los medios públicos, comunitarios y micropymes.

«De un gobierno antiobrero y antisindicatos, que todo el tiempo dice que no odiamos lo suficiente a los periodistas, no sorprende: es un ataque consistente con su pensamiento», sintetiza Noelia Barral Grigera -conductora en El Destape, columnista en Radio con Vos y Blender y docente- para encuadrar la amenaza en el proceso político actual. Como ocurrió sin éxito durante el menemismo, la Ley 12.908 vuelve a estar bajo amenaza. Solo falta saber si la avanzada regresiva, como la de los ’90, fracasa otra vez.