La jornada es el resultado de las más de 450 asambleas que se hicieron el miércoles pasado en barrios populares.

Según se informó, las jornadas convocadas a las 10 son el resultado de las más de 450 asambleas que se hicieron el miércoles pasado en los barrios populares y ruralidad pobre de todo el país y son convocadas por la CTA Autónoma, La Poderosa, OLP, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Frente Popular Darío Santillán, Nuestramérica y el Partido Piquetero, entre otras.
A pesar de que en principio se había planteado una negativa, la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, afirmó a Futurock que aún no está cerrada la puerta a la decisión final del Gobierno: “Nada está descartado en relación al salario universal. Hay que tener flexibilidad e imaginación en este momento para que las cosas mejoren”.
Qué es el salario básico universal, a quién alcanzaría y cuánto se cobraría
El SBU es una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria para un adulto, que en mayo fue de $ 14.400. De esta manera, se piensa en un refuerzo para aquellas personas que ya poseen un trabajo, pero que ven retraídos sus ingresos ante el avance inflacionario.
El público objetivo será quienes tengan entre 18 y 64 años y estén desocupados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pero pobres, es decir con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A. En caso de aprobarse, uno de los requisitos para percibirlo es no cobrar prestación por desempleo, Potenciar Trabajo ni Tarjeta Alimentar.
Según estimaciones desde Patria Grande, la población alcanzada sería de 7,5 millones de personas, una cifra similar a la cantidad de beneficiarios de refuerzo de ingresos anunciado en abril. “El SBU cubriría al 27 por ciento de la población adulta de 18 a 64 años, con un elevado nivel de cobertura sobre la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada”, apuntó un informe de Ocepp, el observatorio económico del que participa Itai Hagman.
A su vez, el costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto podría trepar al 1,8% del PIB. Sin embargo, si se resta el gasto de otros programas que absorbería el SBU y también el retorno fiscal que se provocaría por el consumo -con carga impositiva- que generaría el uso del ingreso, el costo se reduciría más de la mitad, a 0,7% del PIB, o 304.877 millones de pesos.
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Hay que garantizar el morfi de cada argentino. Nadie está hablando de un ingreso que satisfaga caprichos o gastos superfluos, sino de uno que cubra la alimentación básica. Lamentablemente la mezquindad de ciertos privilegiados los vuelve miopes frente a la necesidad del pueblo. Y si la clase política no responde urgentemente a esta necesidad, los hermanos desocupados les harán sentir el escarmiento.