Fernando Argüello murió el martes y elevó la cifra de muertos por el incendio en los calabozos de esa seccional del sur del Conurbano. A casi un mes de la tragedia, denuncian que la Provincia no se comunicó con los familiares de los fallecidos.
Argüello tenía 33 años y estaba detenido por tenencia de drogas para comercialización, un delito con una baja expectativa de pena, desde el 25 de octubre pasado. Desde la madrugada del 15 de noviembre, cuando se produjo el incendio, estuvo internado en estado crítico en el Hospital Eva Perón. Murió el martes a las 10 de la mañana.
Su muerte se sumó a las de Jeremías Rodríguez (de 19 años), Jorge Ramírez (30), Eduardo Ocampo (60) y Juan Lavarda (59), Juan Carlos Fernández (31), Walter Barrios (21), Elías Soto (20), Miguel Ángel Sánchez (31) y Carlos Ariel Corvera (25).
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a familiares de las víctimas, informó el fallecimiento y advirtió que dos sobrevivientes continúan con tratamientos ambulatorios para tratar las lesiones producidas por el incendio. Y agregaron que “las autoridades del gobierno provincial siguen sin pronunciarse públicamente por estos hechos”.
Estas diez muertes se suman a la lista trágica que iniciaron los 7 jóvenes fallecidos en la Comisaría Primera de Pergamino en marzo del año pasado. En total, ya suman 17 las muertes por incendio en seccionales bonaerense durante la gestión del Ministro de Seguridad, Christian Ritondo. La semana pasada, diputados de la oposición pidieron interpelar al funcionario en la Legislatura Bonaerense.
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La muerte de Argüello se conoció al día siguiente de que familiares de las víctimas, junto a integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diputados nacionales, relataran los hechos en el Comité Nacional contra la Tortura del Senado.
La reunión fue informativa. “La de Argüello es una muerte que hace que esto se transforme en algo más grave a cada momento. Una tragedia como esta nunca pasó en una comisaría: ya son diez muertos, es muy grave”, dijo el diputado nacional por el FPV, Horacio Pietragalla.
El legislador y nieto restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, participó de la reunión junto al diputado Leonardo Grosso, de Red por Argentina. “Nos comprometimos a denunciar penalmente a Vidal, a Ritondo y al Ministro de Justicia (Gustavo Ferrari) por estos hechos”, advirtió.
Pietragalla remarcó que las familias no tuvieron ningún contacto con el estado provincial. “Son personas que están en una situación social delicada. Solo los recibió (el intendente de Esteban Echeverría) Fernando Gray, que se puso a disposición pero de la provincia nadie se acercó para ofrecer nada”, detalló.
Clausurada y hacinada
El incendio y las muertes en Echeverría no fue un motín ni un accidente, fue un hecho previsible. La CPM remarcó en un comunicado que desde el año 2011 la comisaría estaba inhabilitada para alojar personas detenidas. Al momento de la masacre, tenía siete clausuras, seis por orden judicial y una por resolución Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el propio Ministerio desobedeció cada una de estas clausuras.
“Esta masacre también fue producto del hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención”, remarcaron.
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Por el incendio y las muertes, la semana pasada la Auditoría de asuntos internos del Ministerio de Seguridad desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría la madrugada del 15 de noviembre.
Este sábado, al cumplirse el primer mes de la masacre, los familiares marcharán por las calles de Monte Grande acompañados por unos 500 integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales, que serán parte del quinto encuentro nacional de organizaciones organizado por la CPM.
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