La medida de protesta se produjo en todo el país pero tuvo epicentro en la sede central de Capital Federal. Los directivos de la obra social firmaron un acta aceptando el reclamo que agiliza y amplía la atención a los ex soldados.
La medida de fuerza fue coordinada y en el interior del país tomaron las Unidades de Gestión local (UGL). El escrache surtió efecto: lograron la firma de un acta en la que los directivos de la obra social se comprometieron a poner en marcha un sistema de pago ágil, la creación de una junta científica y la participación de los ex combatientes en el control de la implementación de las prestaciones.
El acuerdo que consiguieron con el escrache establece un sistema de pago ágil a 30 días; la creación de un comité científico de evaluación para patologías de vías de excepción (que se encuentran fuera de las nomenclaturas de las obras sociales) y la participación de los ex combatientes en los controles y auditorías. El acta lleva las firmas de Roberto de Los Santos, mano derecha del titular de PAMI, Sergio Cassinotti, y el Secretario Técnico Operativo de la obra social, Fernando Domínguez.
«Nosotros teníamos cercenadas las prestaciones por falta de pago o falta de gerenciamiento», remarcó Corsini. La protesta fue en la calle, donde se concentraron más de un centenar de ex combatientes. A diferencia del interior, no tomaron el edificio, y todo se destrabó cuando los directivos atendieron a Sergio Marín, Omar Sánchez y Corsini, de la Confederación de Ex Combatientes y al presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, Reynaldo Arce.
Los ex combatientes del conflicto del Atlántico Sur reciben atención a través de la obra social de jubilados y pensionados, en reclamo de atención y medicamentos, tomaron sedes del PAMI en Neuquén, Bahía Blanca, Mar del Plata y otras ciudades del interior del país.
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