Exfiscal general mexicano será enjuiciado por la desaparición de 43 estudiantes en 2014

Un juez mexicano procesó al exfiscal general por la desaparición forzada en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tortura y obstrucción a la justicia, lo que lo convierte en el funcionario de mayor nivel que enfrenta a la justicia por este crimen de Estado.

Tras una audiencia de 12 horas, el magistrado procesó a Jesús Murillo Karam, de 74 años, en el marco de las investigaciones por el denominado «caso Ayotzinapa» y ordenó que permanezca en prisión, donde duerme desde que fue arrestado el viernes pasado.

El exfiscal general, que por los delitos que le acusan enfrenta decenas de años de prisión -por desaparición forzada podrían caerle hasta 40-, aguardará entre rejas el juicio, salvo modificaciones en la medida cautelar.

La Fiscalía acusa a Murillo Karam de permitir y evitar denunciar la tortura que infligieron sus subordinados a cuatro detenidos por el caso, además de interponer una línea de investigación parcialmente falsa, la llamada «verdad histórica», que impidió seguir buscando a los 43 estudiantes desaparecidos.

Los investigadores afirman asimismo que Murillo organizó la manipulación de una de las presuntas escenas del crimen, el paraje del Río San Juan, donde sus secuaces hallaron restos de uno de los 43 estudiantes, Alexander Mora.

La investigación no acreditó la participación de militares en los hechos, a diferencia del informe de una comisión gubernamental difundido el pasado jueves, que asegura que autoridades civiles y castrenses, coludidas con narcotraficantes, intervinieron en este «crimen de Estado».

Durante la audiencia celebrada anoche, Murillo defendió la investigación de la Procuraduría General (PGR), entonces dependiente del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

«Puedo aceptar algunos errores, pudieron cometerse fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar (su versión)», dijo el exprocurador, según un periodista del diario mexicano Reforma presente en la diligencia.

La PGR, que endilgó la culpa a policías municipales ligados al cártel Guerreros Unidos, fue sustituida en 2019 por la Fiscalía General, ahora autónoma.

Entre las pruebas que presentó la Fiscalía contra Murillo destacaron las ruedas de prensa que ofreció sobre el caso, en las que aseguró que el mencionado cártel ordenó el secuestro y asesinato de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa (estado Guerrero, sur) para después incinerarlos y arrojar sus cenizas a un río.

La desaparición se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando los alumnos intentaban apoderarse de autobuses en la localidad de Iguala (Guerrero) para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.

Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres de los desaparecidos.

Otras seis personas fueron asesinadas esa noche, incluidos tres normalistas.

El caso Ayotzinapa constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos, y generó una fuerte condena internacional.

Murillo fue arrestado el viernes pasado en su casa de un exclusivo barrio capitalino, un día después de que una comisión gubernamental, que investiga los hechos desde 2019, difundiera un informe que rebate la «verdad histórica».

Tras ese reporte, la justicia ordenó la captura de otras 83 personas, incluidos 20 militares y 44 policías.

Según las hipótesis de la comisión, los criminales pudieron haber ordenado la masacre al considerar que entre los estudiantes estaban infiltrados miembros de la banda enemiga Los Rojos, o porque al parecer en uno de los autobuses tomados había droga o dinero de Guerreros Unidos, sin que los jóvenes lo supieran.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Murillo podría acogerse a un criterio de oportunidad con la Fiscalía para que revele datos sobre el crimen, así como nombres de otros funcionarios que participaron en las indagaciones.

Según la comisión gubernamental, la «verdad histórica» fue una acción concertada desde el más alto nivel del Gobierno» de Peña Nieto y «ocultó» los nexos de los criminales con agentes del Estado, para lo cual los delincuentes responsables fueron torturados y se manipuló la información.

Todo ello «entorpeció la búsqueda e investigación», además que «generó vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia», asegura el informe.

El mandatario también pidió nuevamente a Israel entregar a otro supuesto responsable, Tomás Zerón, exjefe de la gubernamental Agencia de Investigación Criminal, quien según la comisión habría ordenado manipular la escena del crimen.

Murillo Karam llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000.