Explosión, derrame e impunidad: archivan la causa por uno de los mayores desastres ambientales del país

“Contaminar es el mejor negocio posible para una empresa “, dice Fabián Maggi, abogado de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados. Enseguida lo justifica: “Siete u ocho meses después del siniestro, en un diario salió publicado que Sigma Agro había quintuplicado sus ganancias. No sé cuántos millones eran, pero lo dijo el propio director, lo que se puede tomar como una confesión de parte”.

Contexto y datos para entender el planteo de Maggi. El siniestro al que se refiere es uno de los mayores desastres ambientales ocurrido en el país. Todavía no había clareado aquel 27 de septiembre de 2019, cuando explotó una de las tres naves de la empresa Sigma Agro, ubicada sobre la Ruta Provincial 42, en el paraje La Verde, a unos cinco kilómetros del casco urbano de Mercedes. Según las estimaciones, provocó el derrame de un millón de litros de agrotóxicos, entre ellos glifosato, paraquat, 2-4D, imazetapir, haloxifop, metolaclor, clorpirifos, cletodim, atrazina y glufosinato, con la consecuente contaminación de los arroyos de la zona, el río Luján y las napas de agua subterránea.

Lejos de significar una catástrofe económica, la empresa –que en 2017 había declarado una ganancia de 12 millones de dólares–, facturó en 2020, es decir al año siguiente del desmadre tóxico, unos 70 millones de dólares. La bonanza siguió un poco más: en 2022 declaró importaciones por un valor cercano a los 128 millones de dólares a partir de su aceitada relación comercial con China. Cifras que superan por mucho los 70 mil dólares de multa que Sigma pagó a la autoridad ambiental provincial por el derrame que causó y que representa algo así como el 0,5% de su facturación anual declarada.

Como si faltaran motivos para escandalizarse, hace unos días el fiscal de Mercedes Luis Carcagno ordenó el archivo de la causa penal que investigaba las responsabilidades y los presuntos delitos cometidos. Cerró así el círculo de la impunidad.

El máximo grado de prueba

Desesperado por salvar su trabajo, Rubén Ponce, de 43 años, se internó en el infierno aquella madrugada de 2019. Entró al playón de estacionamiento para mover una de las retroexcavadoras que le alquilaba a Sigma, pero resbaló y cayó en uno de los charcos que se habían formado con líquidos tóxicos. Ponce ingresó al Hospital de Mercedes con casi la mitad del cuerpo ulcerado por las quemaduras. La gravedad del cuadro obligó al traslado a Capital, donde lo entubaron y quedó en coma farmacológico. Murió una semana después. Tenía esposa y una hija adolescente.

Tras la explosión, el derrame tóxico y la muerte de uno de sus trabajadores, se abrieron dos causas: una civil que aún tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 10 de Mercedes y otra penal en la que el fiscal Carcagno acaba de pedir su archivo y que tenía como imputados a Jerónimo Araujo Muller y Gustavo Ruffa, presidente y apoderado legal de la empresa respectivamente, por el delito de «infracción al artículo 55 en función del 57 de la Ley de residuos peligrosos».

En su momento, el fiscal había reconocido que “Sigma Agro S.A. funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroquímicos hasta el día en que el siniestro de marras ocurrido el 27 de septiembre de 2019 puso fin a su invisibilidad, quedando expuestas tanto sus irregularidades administrativas como las omisiones que derivaron en su correspondiente sanción, dispuesta por el OPDS (en referencia al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la principal autoridad bonaerense en materia ambiental)…”.

“Nosotros llegamos al máximo grado de prueba porque quedó acreditado que la empresa demandada perdió o liberó en el ambiente un millón de litros-kilos de agroquímicos, reconocido por la propia Sigma que además dijo que solo pudo recuperar 200 mil litros-kilos por lo que 800 mil de esos agroquímicos se esparcieron sin control. Seguido a eso, el Ministerio de Ambiente confirmó que la empresa contaminó el predio industrial y las napas subterráneas y los intimó a presentar un plan de remediación. La causa, entonces, lejos de estar en condiciones de archivarla, está en condiciones de dictar una sentencia condenatoria por la comisión de delitos”, se queja Maggi, quien ya presentó un planteo de nulidad de archivo en representación de los vecinos autoconvocados de Mercedes y alrededores.

“Siempre cuesta que los fiscales imputen a los empresarios –continúa el abogado–, pero habíamos logrado que fueran indagados, habíamos generado ciertas expectativas favorables. Ahora la justicia dio marcha atrás de una manera llamativa. Como si quisieran generar un marco de impunidad”.