El martes, en el quincho de una casa en Tomás Jofré, partido de Mercedes, los vecinos improvisaron un aplauso que no celebró nada: fue una manera de la burla. Acorralados, los funcionarios habían balbuceado durante dos horas excusas sobre la explosión en uno de los tres galpones que amontonan agrotóxicos de la empresa Sigma Agro SA. En representación del municipio estaban el secretario de Salud, Pablo Cassiani, y el coordinador del departamento de Ambiente, Juan Cruz Mendia; Osvaldo De Mattei fue el enviado de la Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la principal autoridad bonaerense en materia ambiental; por fin, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a cargo del rabino Sergio Bergman, puso a disposición a Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición. Ninguno fue capaz de asumir las responsabilidades del incendio que provocó la muerte de un trabajador y la sospecha, por ahora desmentida oficialmente, de un desastre ambiental en la zona. “Después de pasarse la pelota unos a otros –recuerda Martín Barros, productor de semillas orgánicas y uno de aquellos vecinos autoconvocados– nos tuvieron que reconocer que la planta no estaba habilitada ni por la municipalidad ni por la OPDS. Frente a eso, la reacción espontánea de todos fue aplaudirlos. O los cagábamos a trompadas o lo tomábamos con humor”.

El viernes 27 de septiembre, alrededor de las 4:30, un estruendo hizo saltar de la cama a todos los que dormían en las cercanías del paraje La Verde, a unos cinco kilómetros del casco urbano de Mercedes y a poco más de tres de Gowland y Altamira, otros dos pueblos del partido. Una de las naves de la empresa Sigma, ubicada sobre la Ruta Provincial 42, estaba ardiendo por causas que todavía la justicia no pudo precisar. Lo que se sabe es que el lugar estaba colmado de tachos y bidones con glifosato, el herbicida Paraquat y otros agroquímicos altamente tóxicos (ver recuadro). La magnitud de las llamas obligó a la inmediata intervención de seis destacamentos de Bomberos Voluntarios y de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Bonaerense. Rubén Ponce, un contratista vial que también era sereno, intentó salvar una de sus máquinas sin suerte: unos días después murió por “quemaduras químicas graves en vías respiratorias”.

“Esta empresa apareció hace cinco años con otra razón social. Los dueños decían que se dedicaban a hacer pastillas de cloro para piletas. Dos años más tarde, empezamos a ver camiones que entraban y salían y nos enteramos de que estaban haciendo acopio de agrotóxicos. Después pasaron a dedicarse al envasado y fraccionamiento y así supimos que la planta tenía dos reactores. El artilugio de ellos era cambiar de actividad cada tanto para tramitar un permiso provisorio. Si se vinieron a La Verde, que es el culo del mundo, es para que nadie los controle”, reflexiona Barros.

Sigma es una industria de tercera categoría, es decir, la más peligrosa desde el punto de vista ambiental. Es obligatorio por la Ley Provincial 11.459 y su decreto reglamentario que estas empresas estén instaladas en zonas exclusivas o parques industriales. Sigma, en cambio, está en medio de un paraje rural, pero con una escuela a 200 metros y varios emprendimientos agroecológicos alrededor. Todo es aún más grave si se considera que a sólo cinco kilómetros está Tomás Jofré, una localidad de turismo gastronómico que recibe cada fin de semana miles de visitantes.

“La situación de las empresas de tercera categoría en la provincia de Buenos Aires es de absoluta peligrosidad. Están instaladas en lugares que no corresponden y como nadie las controla, hacen lo que quieren”, se queja Gustavo Madeira, abogado e integrante de Ambientalistas Autoconvocados.

Madeira advierte que la principal consecuencia de la explosión en Mercedes es que “todos esos miles de litros de agrotóxicos que estaban amontonados en el galpón, hoy están el aire” y destaca que “la empresa hace mucho que venía tirando residuos tóxicos a la tierra, lo que termina en el Río Luján o en los acuíferos Pampeano y Puelches, de donde se extrae el agua para beber y para la agricultura”.

La presión popular logró la clausura preventiva de la empresa. Los vecinos también exigieron a las autoridades desactivar los dos reactores de la planta, monitorear la calidad del agua, el aire y el suelo de la zona y por último, pero no menos importante, que todos los responsables paguen sus culpas. «

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Prohibido en Europa

«Paraquat es un herbicida que ha sido prohibido en la Unión Europea porque integra lo que se denomina ‘la docena sucia’. Es un grupo de biocidas considerados peligrosos para el medio ambiente y que, si se utiliza, debe hacerse con mucha cautela. Obviamente mucho más si se almacena en cantidad», explica el biólogo y director del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES), Adonis Giorgi.

«Me llamó la atención –continúa– que un trabajador se hubiera caído en una zanja con el líquido derramado dado que el Paraquat, y cualquier otra sustancia peligrosa, debe estar dispuesto en un lugar donde haya una ‘isla’ que recoja los derrames posibles, como existen en todas las estaciones de servicio por si se derrama combustible».

Las falencias que enumera Giorgi son las mismas que se descubren con sólo mirar las medidas de seguridad que la propia empresa publica en Internet. «En caso de incendio –recomienda–, evacuar a las personas y animales fuera del área y aislar la zona» porque «los productos de la combustión son tóxicos y/o irritantes».