Una nube tóxica se posó sobre San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, luego de la explosión de un reactor de la planta industrial de Atanor, dedicada a la producción de agrotóxicos. Por el hecho, uno de los operarios resultó herido y una jueza dictó una medida cautelar que dispuso el “cese inmediato” de actividades de la empresa.
De acuerdo al comunicado de Atanor, durante la madrugada del miércoles «se produjo un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina que generó la ruptura de la tapa del reactor afectado al proceso» y «dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta, que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco».
La atrazina es un herbicida que se utiliza para controlar el crecimiento de las malas hierbas en la agricultura y está prohibida en 40 países, incluidos los 27 de la Unión Europea, por los múltiples trabajos científicos que la vinculan con daños neurológicos y en el sistema endocrino.
Como consecuencia de la explosión, el operario Julio César Corbalán sufrió quemaduras, lo que motivó el inmediato traslado al Hospital Interzonal General de Agudos de San Felipe.
“Salvaguardar la salud”
Después del mediodía del miércoles, la jueza Luciana Díaz Bancalari resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el abogado ambientalista Fabián Maggi, integrante de la ONG Foro por el Medio Ambiente (Fomea), en representación de los vecinos de San Nicolás.
La medida implica el cierre de la planta hasta que se tomen las medidas de seguridad necesarias y librar oficio a la fiscalía y al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires “a los fines de salvaguardar la salud y la seguridad de la población”. Asimismo, y ante los reiterados incumplimientos por parte de la firma de fallos judiciales, la jueza dispuso “una multa de diez millones de pesos ($10.000.000) por cada día de incumplimiento.
En mayo de 2023, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás condenó a la empresa Atanor al pago de 150 millones de pesos de indemnización al Estado argentino por contaminar de manera «irreversible» el río Paraná al comprobarse “el impacto negativo en la biota acuática con altos contenidos de atrazina”.
