La empresa que reúne a las líneas 112, 165 y 243 quebró en marzo. El Ministerio de Transporte no avanzó en soluciones y el futuro es incierto para conductores y pasajeros.

La empresa que operaba tres líneas de colectivos en el sur del Gran Buenos Aires, la 112 (entre Lanús y Saavedra), la 165 (Once-Pompeya-Burzaco-Monte Grande) y la 243 (Lomas de Zamora-Monte Grande), cesó sus actividades en marzo. Del parque automotor que tenía 139 unidades, permanecen apenas 16, que no están en condiciones de transportar pasajeros. Son 400 los choferes que quedaron en un limbo laboral. Y unos 50 mil los usuarios perjudicados.
Mientras aguardan novedades judiciales, los trabajadores se presentan cada día en sus puestos. Pero no hay nada para hacer, excepto esperar. Gracias a una cautelar dictada por el juez Osvaldo Lezcano, reciben un subsidio con el monto del último mes trabajado (febrero), por parte del Ministerio de Transporte de la Nación, a pesar de que la cartera conducida por Guillermo Dietrich apeló la medida en primera instancia para evitar el resarcimiento, sin resultado a su favor. «La facultad de solucionar el conflicto la tiene el Ministerio, que además nos debe un mes. En su momento no resolvió, ahora hay tres ofertantes y tampoco decide», agrega Wurtz. Los interesados son Línea 17 SA, José María Ezeiza de la línea 306 y Autobuses Buenos Aires (ex Autobuses Santa Fe).
Cuando entró en concurso, hace más de seis meses, había una deuda de 180 millones de pesos y 3.200.000 dólares que reclamó DOTA por unos colectivos comprados que no les pagaron. Actualmente se habla de un pasivo de entre 500 y 900 millones de pesos.
En estos meses, los choferes reunieron más de 58 mil firmas de usuarios pidiendo que se restablezca el servicio. «Una mujer se acercó llorando a la reunión que hicimos con los vecinos del barrio Zaizar, nos contaba que ahora que no está el colectivo debe caminar 80 cuadras por día para llevar a sus hijos al colegio», relata el delegado de la línea 165, una de las principales alternativas cuando hay problemas con el tren Roca. También resultaron perjudicados quienes tomaban la línea semirrápida que unía Monte Grande y Once en una hora y cuarto.
Wurtz menciona que las deudas se fueron multiplicando a pesar de que los propietarios acrecentaban sus arcas con los subsidios: «Durante 2009 el empresario acreditaba una cierta cantidad de vehículos y se le pagaba por dicho número, pero había 20 coches tirados en el fondo que no se usaban y cobraban subsidio igual. En 2011 empezamos a denunciar esta situación y se empezó a controlar más. Ahora si el colectivo camina y vende boletos, cobra, si no, no. Y hay penalizaciones por no cubrir los kilómetros estipulados. Pero en su momento acá hubo una camioneta blanca a la que le armaron un tablero con varios ‘huevitos’ –le decimos así a la máquina en la que se apoya la SUBE–, y la sacaban a pasear. Se llevaban 20 ‘huevitos’ por noche. Como no vendían boletos compraron 150 SUBE y así cobraban subsidios por esos supuestos colectivos. Lo denunciamos, se lo controló, y después quebró». «
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