En marzo de este año, un colectivo de mujeres más amplio había elaborado un documento interesante y completo sobre derechos humanos de las mujeres en el ámbito digital: “Acceso y uso de las tecnologías”. Allí, además de recordar que (de la mitad del mundo que está conectada a internet) hay 250 millones de mujeres menos que hombres online, se señalaba que la falta de acceso tenía relación con la falta de infraestructura, pero también con la carencia de centros comunitarios u organizaciones que, por fuera del ámbito privado, trabajaran en pos de la inclusión. También se remarcaba la falta de normativas para luchar contra el acoso y la violencia de género en línea. En lo laboral, se señalaba no sólo que las mujeres sólo representan un mínimo 17% de las egresadas de carreras tecnológicas, sino que, más tarde, tienen serias barreras para “acceder a los puestos jerárquicos, tanto en la industria tecnológica como el ámbito académico-científico”. En términos de contenidos en internet, se recordaba que en Wikipedia entre el 8 y el 16% de las mujeres editan la información, con el consecuente sesgo sexista de las entradas. Se hablaba de apoyo privado, pero también público, para crear desde infraestructuras de conexión hasta emprendimientos tecnológicos. Se escribía que también los colectivos LGBTI+ debían tomar parte en la construcción tecnológica.
Sin embargo, luego de que el W20 se reuniera en París y en Nueva York, adonde gran parte de los colectivos sociales de mujeres no pudieron acudir (pero sí lo hizo el sector privado), las expectativas de la “inclusión digital” se fueron reduciendo hasta llegar al escueto documento de esta semana.
En el mismo, se insta a “desarrollar políticas holísticas e intersectoriales que eliminen las barreas que enfrentan las mujeres para el acceso” y que habla de “servicios digitales”, pero se elimina el rol del Estado o a la sociedad civil para conseguirlo. Se menciona el “cumplimiento de los derechos digitales” a partir de “actualizaciones frecuentes de habilidades digitales” con el objetivo de “aumentar las oportunidades de empleo y emprendedurismo”. Es decir, se termina pensando en una inclusión digital destinada a la inserción en el mercado.
En ese mismo sentido están yendo las iniciativas de los foros de economía digital para justificar los cambios de reglas en el comercio electrónico para “ampliarlas a toda la población”. ¿Ingresar al mercado laboral mediante la tecnología es vender productos en Mercado Libre para subsistir, sumarse a la flota como repartidora precarizada de Glovo o Rappi, o supone también mejores condiciones de trabajo, protección social y calificación? Si el objetivo es reducir las desigualdades (sociales y de género), la discusión tendrá que volver a incluir algo más que recomendaciones de ampliación de mercado y retomar las que también extienden derechos. «San Juan, Mendoza y San Luis participan por primera vez en forma conjunta en la…
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