Falsas denuncias: piden a senadores que rechacen un polémico proyecto de ley

“Ideología de género”, el frágil concepto que más se escucha en la gestación y defensa del proyecto de ley que busca penalizar supuestas “falsas denuncias” y que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

El proyecto fue presentado en noviembre por la senadora radical de la provincia de Santa Fe, Carolina Losada y fue acompañado, entre otros funcionarios, por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Propone aplicar penas de hasta seis años de prisión en los casos de denuncias falsas vinculadas a delitos graves como violencia de género, abuso o acoso sexual, y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Esta semana el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) convocó a una reunión en el Senado para compartir datos y pedir el rechazo a este proyecto que busca, ante todo, criminalizar a mujeres.

Sectores antiderechos y grupos que se oponen a la agenda de género desde hace tiempo se organizan para exigir que la Justicia desestime denuncias de mujeres y niñeces contra sus agresores.

En ese sentido, ELA afirma en el informe que presentará esta semana y que anticipó a Tiempo Argentino que “no existen datos oficiales ni estudios representativos que indiquen una problemática sistemática de ‘falsas denuncias’”. A nivel mundial, las denuncias falsas en violencia de género representan menos del 1%, según un informe publicado en ONU Mujeres, en 2024.

En el caso de la Argentina, estimaciones del Consejo de la Magistratura indican que menos del 3% de las denuncias penales se catalogan como falsas, y la mayoría no se relacionan con violencia de género. Según la Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022), el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero sólo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estudios realizados muestran cifras similares: en 2018 el 22% de las mujeres que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda en alguna institución pública, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30 por ciento.

Los últimos datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema demuestran  que de 228 víctimas directas de femicidio en el año 2024, 54% fueron agredidas por una pareja o expareja.

El informe aporta que el 86% de las víctimas conocía al agresor y en el 42% de los casos incluso convivían. Sin embargo, sólo el 18% de las mujeres que resultaron asesinadas había denunciado al victimario y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del hecho (Oficina de la Mujer de la CSJN, 2025).

Del dato que aporta ONU Mujeres (2024), sobre que las denuncias falsas representan menos del 1% de los casos a nivel mundial, en los pocos países que cuentan con estimaciones oficiales sobre este fenómeno, como España, el porcentaje promedio de denuncias falsas por violencia de género es de apenas el 0,0084% (Fiscalía General de España, datos correspondientes al periodo comprendido entre los años 2009 y 2021).

La dificultad para acceder a la Justicia

Uno de los factores que destacan desde ELA es un impacto regresivo sobre el acceso a la Justicia. “La reforma desincentiva la denuncia y refuerza estigmas sobre las víctimas, equiparando la falta de prueba con falsedad”, expresan.

Agrega que no contempla los múltiples factores que enfrentan mujeres, niñas, niños y adolescentes para denunciar violencia (barreras económicas, revictimización institucional, falta de información y protección insuficiente).

Entre otras cuestiones que enumeran desde ELA está la de equiparar “falta de prueba” con “falsa denuncia” genera temor a denunciar y refuerza estereotipos sobre las mujeres (como mentirosas o manipuladoras). Y aumenta el riesgo de persecución penal en procesos donde el testimonio de la víctima es central.

Esto no sólo genera inconvenientes a denunciantes, también, podría intimidar a testigos y profesionales claves (médicos/as, psicólogos/as), afectando la producción de prueba y la investigación eficaz.

Contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino (CEDAW, Belém do Pará) y estándares del sistema interamericano de derechos humanos.

La figura de “falsa denuncia” protege a la administración pública, no al honor de las personas, que ya puede resguardarse mediante delitos como calumnias o injurias. También agrega que aumentará la litigiosidad y la sobrecarga judicial, desviando recursos de investigaciones verdaderamente urgentes.

Los aportes de ELA forman parte de un extenso informe que será presentado el próximo martes. «