Los uniformados eliminaron a los muchachos y los hicieron pasar por guerrilleros para cobrar recopmpensas y recibir ascensos.
De acuerdo con las denuncias, los jóvenes fueron llevados con promesas laborales falsas a una zona rural del municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, donde resultaron asesinados, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Como «falsos positivos» se conoce en Colombia a este tipo de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares que presentaban a las víctimas como guerrilleros caídos en combate para ser premiados por sus superiores con ascensos y dinero.
El escándalo fue descubierto luego de los asesinatos de jóvenes en Soacha -municipio aledaño a Bogotá- y el barrio Ciudad Bolívar de la capital colombiana, dos zonas deprimidas en las que los asesinados fueron desaparecidos en 2008.
Según un informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), el número de víctimas en Colombia de «falsos positivos» podría llegar a las 5.000. La fiscal del caso concluyó que los jóvenes «fueron llevados por vía terrestre y antes de llegar a su destino, fueron entregados a uniformados en varios retenes militares», indicó EFE.
«El 28 de enero de 2008, fueron reportados como muertos en combate como narcoterroristas», refirió la fiscal en los alegatos de conclusión de este proceso.
En septiembre de 2008 fueron identificados los cadáveres por el Instituto Nacional de Medicina Legal, agregó la información.
De ese modo se logró establecer semanas después que se trataba de una «organización criminal integrada por reclutadores que recibían el pago de un millón de pesos (unos 317 dólares) y dinero para los pasajes por llevar a las víctimas hasta los retenes que operaba esa guarnición militar».
Los militares responden por los delitos de «desaparición forzada en circunstancias de agravación», «homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo», «concierto para delinquir agravado con la finalidad de desaparición», «falsedad ideológica en documento público».
La administración de justicia declaró estos hechos ocurridos en enero y agosto de 2008 como delitos de lesa humanidad, es decir, investigaciones que no prescribirán y además, no podrán ser objeto de negociación en el marco de la justicia transicional.
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