Familias de estudiantes denuncian hostilidad e intimidación por parte de la Policía de la Ciudad

Por: Martín Suárez

La cruzada de la ministra Soledad Acuña contra la comunidad educativa de las escuelas tomadas por estudiantes incluye ahora a las fuerzas policiales.

De tarde, en algunos casos pasadas las 22, mientras millones de hogares estaban distraídos con el encuentro amistoso entre Argentina y Jamaica; la Policía de la Ciudad llegaba con las sirenas encendidas, golpeando las puertas violentamente, para dejar notificaciones a familias que envían a sus hijos a diferentes colegios que en las últimas horas fueron tomados. Hasta ahora los hechos se repitieron en hogares de estudiantes que asisten a la Escuela García Lorca, al Liceo 5 y al Lengüitas. Las familias decidieron no hablar de manera pública mientras dure el conflicto, pero aseguran que están aterrorizadas de este nuevo avance perpetrado por el Gobierno de la Ciudad. Este grave hecho se suma al amedrentamiento de la Policía de CABA a estudiantes que permanecen en las escuelas. En menos de tres horas, la policía de Larreta les exigió varias veces los documentos e información a alumnos y alumnas del Instituto Lenguas Vivas: “Es muy grave que el ejecutivo porteño envíe a las fuerzas de seguridad a hostigar a menores de edad”, denunció a Tiempo Amparo López, vocera del centro de Estudiantes.

En las últimas horas, la titular de la cartera educativa, Soledad Acuña, informó que a través de la Procuración General, «pedirá» a los padres del Mariano Acosta 1,5 millones de pesos por cada día que duró la toma del edifico escolar. Asimismo, demandaría 876.000 pesos diarios a padres y madres de estudiantes que tomaron el Colegio Moreno; $820 mil a familias de la escuela de Cerámica; y $554 mil a los del Liceo 5. El tarifario que hizo circular el ministerio de Educación se completa con 291 mil pesos a los de la Escuela Osvaldo Pugliese; $ 377 mil a la escuela Claudia Falcone y 374 mil al colegio Federico García Lorca. Según el ministerio de Educación, las cifras detalladas se lograron mediante  “un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal de cada escuela”.

“El costo de las tomas lo pagan los chicos con días perdidos de clase y los ciudadanos que sostienen la educación pública con sus impuestos. Desde el @gcba  impulsamos las denuncias penales y las demandas civiles a los adultos responsables de los estudiantes que participan”, señaló por twitter la ministra Acuña. “Son ellos quienes tendrán que asumir con su patrimonio el costo de los salarios por cada jornada escolar perdida. En la Ciudad queremos a nuestros estudiantes en las aulas y no estamos dispuestos a poner a cuenta de todos los ciudadanos el costo de escuelas cerradas a la fuerza”, agregó.

La comunidad educativa del Mariano Acosta realizará este miércoles a las 12:30 un «Gran Abrazo” al colegio “para decir NO a la persecución». La jornada promete ser multitudinaria, con familias y estudiantes de todos los colegios secundarios que mantienen en vilo varios reclamos

Las familias coinciden que claramente la ministra está desbordada y que, con estas acciones, quiere desviar el foco de la discusión. “Busca culpables donde no los hay, ella es la única responsable de la educación de nuestros hijos y en sus 7 años al frente del ministerio, lo único que hizo fue provocar una crisis educativa en toda la Ciudad”, destacan familias de estudiantes que pernoctaron para evitar la toma y que no se suspenda el dictado de clases en el resto de los niveles. Aseguran que la ministra considera que todos los colegios están tomados y que no diferencia entre aquellos que se realizan otras medidas de protesta como el pernocte. En el Lengüitas, por ejemplo, Soledad Acuña dio la orden de suspender el dictado de clases del martes, ignorando que el colegio no estaba tomado.

Pese a este atropello institucional por parte de la ministra Acuña, la comunidad educativa se mantiene en su postura. Las y los estudiantes destacan que no hay que perder el eje de la protesta y recuerdan que el único responsable de esta situación es el ejecutivo porteño, en especial la titular de la cartera Educativa. En ese sentido refuerzan el llamado al diálogo, mejora en el presupuesto educativo, en especial en infraestructura y mantenimiento, la calidad y cantidad de las viandas, y las pasantías gratuitas y obligatorias que deben realizar los que cursan el último año de secundarios.

«No es con el Código Penal, ni las amenazas contra los golpeados presupuestos familiares que van a resolver los reclamos de larga data del movimiento estudiantil, sino gestionando políticamente estas demandas y abriendo espacios de diálogo y consenso con les adolescentes”, dice un texto de repudio que lleva las firmas de las Madres de Plaza de Mayo Taty Almeida y Nora Cortiñas, junto a una extensa lista de referentes y organizaciones vinculadas a los derechos humanos. En el documento dejan plasmado el «repudio a la persecución del Gobierno de la Ciudad al movimiento estudiantil», y aseguran que «el ejercicio de un derecho no puede constituirse en un delito, ni por parte de quienes ejercen ese derecho, que son les pibis, y menos aún, por parte de sus familias, ya que no hay norma legal que ampare semejante atropello».

En el mismo sentido, el Colectivo de Familias x la Escuela Pública, señala: «En un contexto democrático, el derecho de lxs estudiantes a organizarse, manifestarse y ser escuchadxs debería ser la base a partir de la cual iniciar cualquier conversación”. Durante la jornada del martes, el bloque del Frente de Todos CABA, difundió un comunicado bajo el título: «Ministra, abandone la provocación y escuche». En el documento desmintieron a la ministra Acuña que había manifestado que el kirchnerismo y la unión de Trabajadores de la Educación (UTE) distribuyeron manuales con instructivos para tomar colegios.

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