Fernanda Miño: «Cuando el Estado se retrae, avanza una nueva forma de economía que es el Narcoestado»

Por: Gabriela Figueroa

Junto a referentes de organizaciones sociales y de la Iglesia Católica, Miño participó de una conferencia organizada por Cáritas para charlar acerca de la política de inclusión sociourbana de los barrios, en un contexto de avance del narcotráfico ante la ausencia del Estado. Los orígenes de la SISU, denuncias infundadas y un consenso que busca sostenimiento.

No hay ningún expediente o denuncia concreta contra la gestión que hizo Fernanda Miño en la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) mientras estuvo a su cargo durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Y sin embargo, desde febrero lo único que se lee en la prensa es que hubo malversaciones de fondos, sobreprecios, que las obras en los barrios populares –a las que el Fondo Fiduciario de la SISU está destinado- no se completaron. “No hay nada de eso, desde el momento en que accedimos a ese lugar del Estado supimos que era una oportunidad de oro para quienes vivíamos en esos barrios donde militamos toda la vida. Sabíamos que en un cambio de Gobierno iban a venir a cuestionar esta área, con una villera como secretaria, empujada por Juan Grabois que es el primero que está poniéndole el cuerpo y atajándole todos los penales a los embates inhumanos que tiene este Gobierno”, dice Miño a Tiempo desde la ciudad de Quilmes, en la que acaba de participar como disertante en la “Conferencia sobre el valor de la integración sociourbana en los barrios populares”, organizada por Cáritas. “Nosotros estamos muy tranquilos, si hacen algo lo van a hacer con pruebas inventadas y con muchas complicidad de gente sucia”, asegura.

Una Secretaría que surgió de un consenso político

La conferencia de Cáritas reunió a diversos referentes de organizaciones sociales e instituciones. Se llevó a cabo para reflexionar acerca de las necesidades de atención urgente de las villas y barrios populares, sobre todo “ante el avance vertiginoso del narcotráfico”, según consignó el comunicado. El debate fue compartido entre Miño, Mario Quintana, exfuncionario de Jefatura de Gabinete hasta 2023; Sebastián Welisiejko, exfuncionario de la SISU en la gestión macrista; Juan Maqueira de la orgaización TECHO y representantes de la Iglesia Católica Oscar Ojea, Carlos Tisseray Gustavo Carrara. Miño cuenta que la participación en esa actividad se debió a dos motivos: “Porque estuvimos recibiendo ataques estos últimos meses en los medios, se pone en tela de juicio el manejo de los fondos fiduciarios que me tocó administrar en la gestión anterior” pero sobre todo porque  “hay que pensar a los barrios populares con otro paradigma, llevarles los servicios básicos porque esa es la mayor brecha del que lo tiene todo y el que no tiene nada, ni siquiera la posibilidad de tener un pedacito de tierra para vivir, una casa, agua, cloaca, electricidad”. La exsecretaria de la SISU dice que quienes despotrican contra el fondo omiten recordar que su origen fue un consenso de partes. La Secretaría comenzó a funcionar durante el macrismo y la iglesia católica fue un eslabón importante en su conformación. “Para salir adelante con el la integración social urbana de los barrios, primero se hizo el relevamiento después a través de ANSES se dio la posibilidad de un certificado de vivienda y con la ley 27.453 se posibilitó que tengamos una Secretaría para fondear y evitar el desalojo de los barrios”, recuerda. Cáritas reunió en la misma mesa muchos de los que se juntaron, en aquel momento, y fueron parte de los procesos previos a la ley de creación. La SISU, dice Miño, tuvo diferentes transformaciones. “Fue en crecimiento, se creó con pocos recursos y así se mantuvo hasta que terminó el gobierno de Macri pero una vez que nosotros accedimos a esa área de Estado, las mismas Cámaras (del Congreso) votaron que el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas pasara, en parte, ahí y el impuesto país”, rememora. Miño remarca que siempre, en su quipo, hubo buena voluntad y que “pudimos hacer más de 1.500 barrios y obras, pudimos llegar con el programa Mi Pieza a las mujeres más vulnerables de nuestro país”.

Acusaciones mediáticas

En febrero de 2024, el Gobierno de Javier Milei difundió en medios masivos de comunicación que existían irregularidades en el manejo de los fondos de la SISU. No obstante, el actual secretario de la gestión libertaria, Sebastián Pareja afirma que no encontró ninguna. Luego del escándalo, la SISU presentó un informe a la Sindicatura General de la Nación cuyos datos no pudieron ser rebatidos por ningún funcionario ni tampoco con documentación alguna. “Los medios hablan de denuncias o del mal manejo técnico, hay un último informe de la sección donde se dio cuenta de todo lo que fuimos haciendo y cómo se administró, lo que más me preocupa es que no hay ganas de mostrar la verdad: nadie fue a ver las obras, no sé en qué se basan, solo en mentiras de un grupo de periodistas”, asegura. La noticia que se difundió fue que la SISU sólo había cumplido con el 6 % de las obras, cuando según los datos informados a la SIGEN fue del 82,4 %.

Mi Pieza, un programa con perspectiva de género

El impacto del programa Mi Pieza en la vida de las mujeres fue de suma importancia para la gestión de Miño. “Nos quedamos con muchas ganas de más, la posibilidad de que tengan un pedacito de tierra para vivir, para las familias más pobres de la Argentina fue novedoso, fue un aporte”, asegura. En la actualidad, su funcionamiento es casi nulo. “Han salido solo algunos proyectos, sin actualización de los recursos económicos sabiendo que existe una gran devaluación e inflación”, expresa. En el Congreso, no se logró la actualización de los fondos. Para Miño, no entienden la lógica de esa política pública. “Piensan que el Estado tiene que estar lo mínimo indispensable, desconociendo la realidad, el común denominador es que quien no conoce o no vive en un barrio no tendría la sensibilidad de pensar en los que menos tienen”, asevera, en alusión a los tres legisladores de La Libertad Avanza que votaron en contra.  “No hay nadie que piense con otra clave que no sea la desaparición del Estado y que los recursos vayan a pagar, digamos, la deuda externa o que vayan para otros lados o para los viajes del presidente”, señala.

Integración sociourbana contra el narcotráfico

Miño vive en La Cava, un barrio popular de San Isidro. Dice que sabe lo que puede el narcotráfico, sobre todo cuando el Estado no está. “No hablamos solamente de la Justicia, sino de una nueva forma de economía. Cuando visitábamos las provincias en la gestión anterior, muchas veces nos decían que había un estado paralelo: ya no es solamente el narcomenudeo, ese dinero se empezó a transformar en otras cosas con visión para la comunidad como inmobiliarias o la posibilidad de hacer ollas populares”, expresa. En este sentido, Miño apunta que “cuando el Estado se retrae, avanza una nueva forma de economía que es el narco estado que no siempre avanza con la venta de drogas, sino sustentando las mismas obras que antes el Estado llevaba adelante con mano de obra de cooperativa”. Por eso, Miño afirma que los defensores de la vida están en contra del narcotráfico y “de todo lo que hace eso nuestros pibes, a nuestras vidas y en las barriadas. Esas formas nuevas de economía terminan siendo aceptadas porque no hay otra alternativa para una familia pobre, para salir adelante”.

Obras cooperativas

La experiencia del SISU durante la gestión de Miño fue llevada adelante, en gran parte por cooperativas. No solo por disposición legal, que marcaba la obligación de realizar las obras con estas entidades, al menos en un 25 %, sino por lo que esas cooperativas significaban para la comunidad. “Las obras abarcadas por municipios o provincias tenían que ser hechas por manos cooperativas, se trataba de participación de mujeres y hombres de las cooperativas de los barrios populares que tenían la posibilidad de transformar su barrio y, además, tener un recurso para vivir, un trabajo concreto”, expresa. En este momento, las cooperativas reciben un embate importante por parte de la gestión libertaria. Miño resalta que todas las que trabajaron con la SOSU no solo demostraron estar en condiciones legales de hacerlo, sino que “ahora quieren demonizarlas porque quieren manejarlas, no quieren que sean partícipes”, concluye.

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