Fijaron fecha de audiencia preliminar para el inicio del juicio de la causa de La Fronterita

Por: Leonardo Castillo

El Tribunal Oral Federal de Tucumán definirá el 26 de noviembre el comienzo del debate en una causa emblemática sobre complicidad empresarial con el terrorismo de Estado en esa provincia.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán ordenó la realización de una audiencia preliminar para el próximo 26 de noviembre como paso previo a la realización del juicio oral y público en la causa que se sigue por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ingenio La Fronterita entre 1975 y 1979, informaron fuentes judiciales.

De esta forma, la Justicia Federal de esa provincia habilita el camino hacia la instancia de debate en una causa sobre complicidad civil empresaria con el terrorismo de Estado demorada desde hace años.     

En las instalaciones de ese ingenio azucarero, fundado por la familia Minetti y ubicado en las inmediaciones de la localidad de Famaillá, funcionó un centro clandestino de detención ilegal por el que pasaron decenas de trabajadores, señalados por sus actividades políticas y sindicales.

Unas 68 personas fueron víctimas de secuestros, violaciones y torturas en ese sitio, que era operado por efectivos del Ejército y las Fuerzas de Seguridad, que integraron un grupo de tareas conocido como Rayo.

La causa había sido elevada a juicio en diciembre de 2021 con los procesamientos de Alberto Figueroa Minetti -quien era administrador de la empresa al momento de los hechos-, Eduardo Buroti, Fernando Cornú De Olmos y Alfredo José Martínez Minetti, integrantes del directorio del ingenio.

Cornú Olmos fue desvinculado de la causa porque ya no está en condiciones físicas y mentales de seguir el proceso y Martínez Minetti falleció el año pasado. En consecuencia, quedan dos imputados con vida, que tienen más de 80 años y deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

Tras un prolongado reclamo sostenido por los organismos de Derechos Humanos, querellantes y familiares de las víctimas, el tribunal integrado por los jueces subrogantes, Abelardo Basbus y Ana Carina Farías (de Santiago del Estero) y Cristina Edith Giordano (Córdoba), resolvió fijar una fecha de audiencia para delinear la realización del proceso oral y público.

De esta forma, los magistrados atendieron los pedidos de “pronto despacho” presentados en las últimas semanas por entidades como Andhes, HIJOS y la APDH.

Para los querellantes, la causa de La Fronterita se asemeja con lo que ocurrió con el magnate Carlos Blaquier, propietario del Ingenio azucarero de Ledesma, en Jujuy. Este empresario murió a los 96 años sin rendir cuentas por su responsabilidad con los secuestros y desapariciones de trabajadores que se perpetraron en la denominada “Noche del Apagón”.

En febrero de 1975, el Ejército con el aval del gobierno de Isabel Perón desplegó en Tucumán el denominado Operativo Independencia, con el cual se buscaba exterminar el accionar de la Compañía de monte Ramón Rosa Jiménez del ERP, que había desplegado un foco guerrillero en Tucumán.

Los trabajadores y activistas sindicales que eran marcados por la patronal eran secuestrados y permanecían cautivos en ese centro de detención para luego ser trasladados a otros “chupaderos” como el de “La Escuelita” de Faimallá o el de Jefatura Policial de la ciudad de Tucumán. Varios de ellos llegaron a esos lugares y aún permanecen como desaparecidos, según se probó en la instrucción de la causa.

La conflictividad social en Tucumán se inició a fines de los años ‘60, cuando el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía dispuso el cierre de los ingenios azucareros en la provincia y 50 mil trabajadores fueron despedidos y otros 300 mil tucumanos emigraron a otras provincias en busca de nuevos horizontes.

En este contexto, el gremio de FOTIA profundizó sus planes de lucha y con los años, el gremio y sus activistas se convirtieron en un objetivo para el terrorismo de Estado con el objetivo de restarle apoyo al ERP. Un dictamen del Ministerio Público Fiscal estableció que entre 1976 y 1983, la producción de la familia Minetti se incrementó en un 30%.

En 1979, los Minetti se quedaron con el ingenio Bella Vista, que había quedado en manos de un ente estatal conformado para mitigar los efectos de la crisis causada por el cierre de los centros de producción azucarera. Las irregularidades en esa operación son parte de los hechos que van a ventilarse en el juicio oral.

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